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miércoles, 3 de octubre de 2018

Una marea verde por la despenalización del aborto inunda de rebeldía feminista las calles de Quito (Ecuador)


El pasado viernes 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, cientos de personas de colectivos de mujeres, feministas y movimientos sociales de diferentes regiones de Ecuador se manifestaron en la ciudad de Quito exigiendo la despenalización del aborto en el país y en defensa de la autonomía y soberanía de los cuerpos. 


La manifestación fue convocada por  la Asamblea impulsora de la Campaña  por el Aborto Libre y Seguro en Ecuador y tuvo como punto de encuentro las afueras de la Fiscalía General del Estado donde cientos de mujeres tejieron un pañuelo verde y prepararon madejas de hilo para las acciones que realizarían a lo largo del trayecto hasta la Plaza Santo Domingo. 


Entre las distintas paradas de la manifestación estuvieron la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional y la Maternidad Isidro Ayora donde denunciaron que más de 300 mujeres han sido criminalizadas por ejercer su derecho al aborto  en los últimos años.  


Entre las distintas consignas que corearon a lo largo del recorrido estaban: “Aborto legal en el Código Penal” y “Si el Papa fuera mujer, el aborto sería Ley, basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer, aborto libre y seguro  para que no muera otra mujer”. 



COMUNICADO

La Asamblea impulsora de la Campaña por el Aborto Libre, Legal y Seguro en Ecuador es un espacio feminista de articulación nacional que tiene por objetivo despenalizar social y legalmente el aborto en el país. Nos articulamos organizaciones, colectivas, redes, profesionales interdisciplinares e individualidades, para construir desde este espacio la defensa de nuestro derecho a decidir desde el cual hemos convocado a la movilización este pasado 28 de septiembre, Día de Acción Global por la despenalización del aborto cobijadas por la Gran #MareaVerde que ha recorrido Latinoamérica, el Caribe y el mundo entero.


Recordamos a toda la ciudadanía que las leyes que penalizan el aborto han fracasado en el intento de impedir que los abortos se realicen, por el contrario, han fomentado un contexto perverso de extorsión, riesgo y persecución en contra de las mujeres y personas con capacidad de gestar, enviando un mensaje claro de criminalización de las decisiones sobre nuestros cuerpos.


Las consecuencias de estas políticas y leyes machistas, clasistas, racistas y homofóbicas no afectan de la misma manera a todas, pues somos las mujeres más empobrecidas, niñas, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, lesbianas y personas trans, las más perjudicadas en un sistema que revictimiza y muestra su cara más violenta e injusta contra nosotras. Por eso, alertamos que penalizar el aborto es penalizar la pobreza e insistiremos en la despenalización del aborto como una lucha por la justicia social, sexual y reproductiva.


La persecución por abortar es una violación de derechos humanos y una tortura. En Ecuador, más de 300 mujeres hemos sido criminalizadas por abortar en los últimos años, evidenciando un sistema patriarcal que genera injusticias y fomenta la impunidad. Perseguir, encarcelar y perpetuar las múltiples violencias sobre nuestros cuerpos da cuenta de un estado feminicida. Por eso exigimos que la Fiscalía cese la persecución a quienes decidimos sobre nuestros cuerpos.


Es fundamental reconocer que el aborto inseguro, consecuencia de la penalización del aborto, es un problema de salud pública, así lo ha reconocido el Ministerio de Salud que estima anualmente 95.000 abortos en Ecuador, de los cuales, el aborto inseguro representa el 15,6% convirtiéndose en la principal causa de enfermedad de las mujeres con capacidad de gestar.


Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud debe garantizar el acceso a los servicios integrales, oportunos, amigables para precautelar la vida y salud de quienes abortan y asegurar el cumplimiento del SECRETO PROFESIONAL, pues los hospitales no deben convertirse en la entrada a la cárcel para ninguna mujer o persona que interrumpa su embarazo.


La Asamblea Nacional tiene la obligación de crear leyes partiendo del reconocimiento de Ecuador como un país laico, que favorezca el desarrollo integral de las mujeres y personas con capacidad de gestar incorporando en las leyes un enfoque de género, intercultural, intergeneracional y con evidencia científica que garantice los derechos humanos. La Asamblea debe legislar con base en las realidades y necesidades concretas de las personas. Por tanto, exigimos que se retire el aborto del Código Orgánico Integral Penal.


Debe respetarse y reconocerse nuestras decisiones autónomas y la elección para abortar junto a nuestras hermanas, madres, amigas, compañeras y amantes, no permitiremos que otras personas e instituciones lo hagan por nosotras. Soñamos nuestros cuerpos libres de condicionamientos por parte del estado y sin intermediaciones de la iglesia. Nosotras seguiremos acompañándonos como una estrategia afectiva y feminista de cuidado porque el aborto es una realidad de todas y su defensa es nuestra lucha colectiva.


Como Asamblea Impulsora de la Campaña nacional por el Aborto Libre en Ecuador nos juntamos para accionar desde la conciencia y memoria de quienes nos anteceden: mujeres, hombres, personas trans y movimientos sociales, indígenas, afro, montubios, campesinxs, trabajadorxs, migrantes, artivistas, estudiantes, artistas e individualidades que han abierto un camino de rebeldía y autodeterminación por la consecución de nuestros derechos. Por ello RATIFICAMOS nuestro compromiso con este proceso como parte del recorrido feminista hacia la transformación de la realidad que enfrentamos las mujeres y personas con capacidad de gestar, a causa de la violencia machista, colonial y capitalista.


¡POR EL ABORTO LIBRE, SEGURO Y GRATUITO PARA TODXS!





















lunes, 16 de abril de 2018

Una marea de Pensionistas en Bilbao pide la dimisión de Rajoy


Cuando superamos el tercer mes de movilizaciones emprendidas por miles y miles de personas jubiladas, pensionistas y viudas, quienes se reúnen lunes tras lunes en las plazas de muchas ciudades del estado español para protestar contra la subida del 0,25% de las pensiones y reclamar que se garantice un sistema público de pensiones y que estas sean dignas.


En Bilbao, frente al Ayuntamiento, las movilizaciones convocadas por la Plataforma de Asociaciones de Jubilados de Bizkaia (PJB) son cada vez más numerosas y la llevada a cabo este lunes 16 de abril, no fue la excepción. Centenares de pensionistas colapsaron las calles cercanas al consistorio para hacerse escuchar y advierten que si es necesario “llegarán hasta Madrid”.


Según datos de la Seguridad Social del estado español, se estima que hay cerca de 9,5 millones de pensionistas que cobran de media 932,29€ mensuales.


La plataforma de JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONISTAS, consideran que “no podemos permanecer de brazos caídos ante la ridícula actualización del 0,25%, el mínimo legal  previsto, aplicado en los últimos cinco años, fijado por el gobierno de España, para las pensiones, en lugar de equiparar esa actualización  al IPC.  Sin duda, esa insuficiente actualización, que indica una enorme falta de sensibilidad de los gobiernos, muy poco abiertos a la transparencia, para un colectivo tan amplio como es el nuestro, supone que haya sectores amplios de pensionistas, especialmente viudas, que se encuentran muy cerca del umbral de pobreza”.


En la plataforma de JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONISTAS, reivindican fundamentalmente “que se vincule el crecimiento de las pensiones al del IPC, puesto que el Gobierno con su propuesta de incremento del 0, 25% de las pensiones, está muy lejos del que ha resultado finalmente para el ejercicio del 2017 que está en un 1,2% lo que supone una pérdida de poder adquisitivo del 1% prácticamente.  El IPC previsto para 2018 es del 1,4% lo que seguirá agravando la situación de los pensionistas mes a mes.  Desde el año 2012 se ha acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 3,25% a lo que hay que añadir el 1,35% que se añadirá  durante 2018, cerrando el año con un acumulado del 4,6%”.


Por otra parte señalan también que “la reforma de pensiones en vigor desde 2013, que el Gobierno nos ha impuesto por decreto está condenando a la pobreza y a la exclusión social a muchos de nosotros y nosotras, aumentando la precariedad para los nuevos jubilados, con la entrada en vigor en 2019 del Factor de Sostenibilidad.  Esta reforma, de seguir en vigor, condenará a los pensionistas futuros, a tener muy recortada su pensión con respecto a las actuales, estimándose el recorte en un 20% inicial, y así sucesivamente cada 5 años.  Por ello, consideramos que defender unas pensiones dignas, es un tema intergeneracional que nos debe ocupar a todos y todas”.


Quieren dejar claro que “no deseamos excluir a nadie, pero pedimos evitar los matices  políticos para que nadie se sienta excluido”.


Porque su objetivo como plataforma también es “sensibilizar y concienciar al conjunto de nuestro propio colectivo y a la sociedad en general, a favor de tener asegurada una pensión digna con la que poder vivir de forma decorosa y cumplir con ello el pacto social de cotización y mantenimiento del sistema que se hizo en el año 1995, que todavía sustenta el sistema de pensiones públicos,  al que hemos estado contribuyendo con nuestro trabajo y cotizaciones”.