La
plataforma Aupa Nicaragua LubakiNika, ha llevado a cabo este viernes 23 de noviembre en la Plaza Unamuno de
Bilbao, un
plantón por las y los presos políticos de Nicaragua, como “muestra de apoyo a las personas que están siendo víctimas de la represión estatal y violación de derechos humanos por parte a manos del
gobierno OrtegaMurillo”. Desde Aupa Nicaragua LubakiNika explican que se trata de “una forma de solidarizarnos con el pueblo nicaragüense en su lucha contra las agresión estatal en detrimento de derechos fundamentales”. Así como medio de “denuncia internacional para alertar a otros gobiernos en su rol de mediadores y demandar acciones a través de los organismos correspondientes”.
PRONUNCIAMIENTO
Crisis socio-política y vulneración de derechos humanos en la coyuntura actual de Nicaragua
La comunidad auto-convacada, agrupada en la plataforma Aupa Nicaragua LubakiNika, en nuestro derecho y obligación ética, nos pronunciamos ante el pueblo de Euskadi, sus organizaciones civiles y políticas para denunciar el genocidio del gobierno nicaragüense bajo la presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El 18 de abril iniciaron una serie de protestas cívicas denunciando un decreto presidencial que reformaba la “Ley de Seguridad Social” en detrimento de las personas pensionadas y de las personas trabajadoras en general. A partir de esa fecha el uso desproporcionado de la fuerza contra pequeños grupos de manifestantes, ha provocado una represión sin precedentes y la masacre más violenta contra el estudiantado universitario, persecución y asedio permanente contra el campesinado, movimiento feminista, movimiento ecologista, periodismo independiente, líderes religiosos de la iglesia católica entre otras organizaciones de la sociedad civil y población en general, que levanta su voz contra el gobierno Ortega/Murillo.
Organismos de Derechos Humanos a nivel nacional como la comisión permanente de derechos humanos (CPDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) y otras de prestigio internacional como la Comisión Interamericana de Dederechos Humanos (CIDH), Human Rights, Amnistía Internacional, han investigado y denunciado al gobierno de Nicaragua por las graves violaciones a los Derechos Humanos (detenciones ilegales, juicios sumarios y desapariciones forzadas), sin embargo el gobierno niega los hechos y responsabilidades e insiste que las multitudinarias protestas cívicas del pueblo nicaragüense son producto de la manipulación de las ONG´s, la CIA, EEUU y la Unión Europea por lo que ha catalogado las protestas como un intento de golpe de estado con lo cual justifica la represión. En el marco de las protestas, se aprobó una ley antiterrorista con la cual se persigue a todas las personas u organizaciones críticas al gobierno.
Manifestarse en Nicaragua está prohibido, a pesar de ser un derecho constitucional. Las universidades públicas están secuestradas por el orteguismo y se prohíbe la reunión de más de tres personas en los recintos universitarios en flagrante violación a la Ley de Autonomía Universitaria.
El gobierno ha venido desmontado el estado de derecho con un discurso conciliador, pero ejerciendo violencia gubernamental a través de una serie de arbitrariedades en todas las esfera institucionales. Eliminó leyes importantes para proteger la salud, integridad y vida de las mujeres nicaragüenses como:
- El acceso al “Aborto Terapéutico“,
- La Ley 779 de lucha contra la violencia de género,
- Limitando el acceso a información sobre “Derecho Sexuales y Derechos Reproductivos“ en los centros escolares,
- Negociando derechos laborales con la empresa privada a espaldas de los/as trabajadoras afectando especialmente a trabajadoras de las maquilas,
- Ocultado datos relevantes sobre la violencia de género (femicidios, violaciones, embarazos adolescentes, etc.), con la única intención de aparentar a nivel internacional que el país va por el camino del progreso, sin embargo la realidad es totalmente diferente.
Por tanto:
Denunciamos los actos de represión: amenazas, acoso, agresiones, desapariciones y desplazamientos forzosos, secuestros, capturas, violaciones sexuales, torturas y asesinatos a la ciudadanía que defiende sus derechos, en espacial las torturas a la que están expuestas las mujeres a manos de funcionarios/as del sistema penitenciario nacional.
Exigimos justicia, verdad y reparación a las madres y familias de las víctimas de la masacre, además de hacer una investigación a profundidad para dar con los responsables directos e intelectuales de las acciones terroristas perpetuadas por grupos de choque y paramilitares con la protección de la policía nacional.
Denunciamos los secuestros por parte de la policía y juicios ilegales con la consecuente privación de libertad de estudiantes, feministas, miembros de la comunidad LGBTQ, líderes campesinos y otras personas que participaron en las protestas a título individual, convirtiéndoles en prisioneras y prisioneros políticos, quienes sufren una serie de arbitrariedades y vicios judiciales por parte de jueces que atienden a intereses partidarios del orteguismo.
Demandamos el fin de la criminalización a las protestas, la anulación de estos juicios, así como reparación a las familias de los y las presas políticas.
Denunciamos la violación del derecho constitucional a la libertad de asociación, movilización y expresión, de la ciudadanía, contemplado en el Arto. 54 que expresa que: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.
Denunciamos la censura y amenazas a medios de comunicación y exigimos el respeto al libre ejercicio del periodismo independiente, además del acceso a la información pública manejada a discreción por el gobierno Ortega/Murillo.
Denunciamos los despidos, intimidaciones y represalias al personal de las instituciones estatales por motivos políticos, contrario a lo que estable el art. 29 de la constitución política de Nicaragua que cita: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia”. Por lo tanto exigimos que no se les obligue a los trabajadores del estado a realizar ninguna actividad política partidaria en detrimento de la dignidad de funcionarios/as públicas y de la calidad de la atención a la ciudadanía.
Exigimos el cese de las represalias gubernamentales hacia los policías que se niegan a cumplir las órdenes de reprimir a la ciudadanía en resistencia pacífica ante la dictadura.
Por estas y otras violaciones a la dignidad del pueblo nicaragüense y en el marco el día internacional Contra la Violencia hacia las mujeres, demandamos
Justicia, Democracia y Libertad, especialmente para las presas políticas de Nicaragua.
¡Matria Libre para Vivir….!!!
