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miércoles, 18 de abril de 2018

Bettina Cruz y la resistencia de los pueblos istmeños frente a los megaproyectos eólicos


Aprovechando que Bettina Cruz, defensora de la tierra y del territorio del pueblo binni'zaa (zapoteco) al sur del estado de Oaxaca (México), y  concejala del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), está participando en un seminario de Solidaridad Política que se está realizando en Zaragoza, las organizaciones TxiapasEKIN, Eguzki e Hika Ateneo han organizado en Bilbao la proyección del documental “Somos viento” y la posterior charla sobre la resistencia de los pueblos indígenas istmeños frente a los megaproyectos eólicos. 


Sobre el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG):
"El CIG es la parte medular de la propuesta que el CNI hace al país y a los pueblos indígenas.  Es la forma de cómo nos organizaremos nacionalmente desde de abajo y a la izquierda para gobernar este país, desde la otra política, la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos.  Es la forma en que cómo los pueblos nos organizamos para tomar las decisiones sobre  los asuntos y problemas que nos competen a todas y todos. Es la otra forma de  hacer política, desde la horizontalidad, desde el análisis y la toma de decisiones colectiva.

El CIG se rige por los 7 principios del CNI: Servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar.

El CIG está integrado por concejales,  una mujer y un hombre de cada lengua de las diferentes regiones en donde se encuentran los pueblos, tribus y naciones que conformamos el CNI. Concejales que fueron elegidos por usos y costumbres en sus asambleas y/o espacios de decisión, que asumen el compromiso de participar activamente en este espacio y de llevar a sus asambleas las propuestas y acciones que emanen del CIG".



lunes, 27 de junio de 2016

Concentración: Solidaridad con lxs maestrxs de México


Concentración: Solidaridad con lxs maestrxs de México

Lunes 27 de Junio a las 19:30hrs.
Plaza Arriaga (Bilbao)


En México la Educación no es gratuita, se paga con la vida:

Las organizaciones sociales y sindicales que estamos aquí  denunciamos la represión que está sufriendo la población del estado de Oaxaca movilizada en apoyo al magisterio disidente que protesta contra una reforma educativa. Esta reforma  además de liquidar derechos laborales atenta contra el sistema público y la gratuidad de la Educación

La represión policial se ha saldado con más de 15 personas muertas, más de 25 profesoras/os desaparecidos y varios centenares de heridas y detenciones, además de mantener cercadas distintas poblaciones y cortadas carreteras de distintos estados de la República, a pesar de que los medios oficiales no confirmen más que seis muertos.

Sin embargo, como afirma Juan García, miembro de la CNTE (Coordinadora de trabajadores y trabajadoras de Enseñanza), las movilizaciones no cesarán y continuarán organizando marchas ordenadas y pacíficas en contra de la reforma educativa impuesta por el Gobierno de Peña Nieto.

CNTE es el único sindicato representativo de los derechos del magisterio, que cuenta con más de 200.000 profesores y profesoras de todo México, durante más de 30 años ha peleado sus reivindicaciones en la calle, resistiendo la violencia y la represión de los gobiernos. Una vez más la policia estatal y la federal, sin mediar palabra, reprimió duramente a las y los manifestantes y al pueblo que acudió en apoyo. 

Las críticas ante esta represión se dirigen hacia Miguel Angel Osorio, ministro de Interior, quien no piensa dimitir y justifica la acción represiva de la Policía Federal, diciendo que se cumplieron los protocolos generales, por medio del diálogo y respetando los derechos humanos.

Quienes aquí estamos vemos con preocupación la represión sistemática que sufre la población mexicana, por ello exigimos al Gobierno de México que finalice su política de represión sistemática hacia la población en general y ante el magisterio en particular, que garantice la libertad de expresión y manifestación y que las demandas del profesorado sean atendidas.