Recortes, recortes y más recortes. Esa es la solución que el gobierno vasco ha pensado para las más de 69.000 personas que se encuentran en situación de pobreza en la CAPV. Recortes y más pobreza.
El pasado 31 de Mayo, los departamentos de políticas sociales de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa anunciaron las medidas para las reformas que se aplicarán en el sistema de prestaciones sociales. Entre ellas, siguiendo a la reforma anterior, se blinda cada vez más el acceso a prestaciones sociales modificando las condiciones.
El ataque contra el sistema de seguridad social en los últimos años ha sido constante:
- Desde el año 2012, se ha recortado un 7% en presupuestos destinados en materia de ayudas sociales.
- Blindaje de las condiciones para acceder a las prestaciones
- La reciente decisión de no aplicar la subida del 8% del SMI en las prestaciones que gestiona Lanbide.
Además de todo esto, según hemos sabido recientemente, otro de los puntos de la nueva reforma del RGI será que únicamente se podrá recibir una prestación por domicilio. Esto aparte de limitar el derecho a la vivienda de las personas que trabajan en precario, es una clara apuesta por un modelo de familia normativa, dejando de lado las muchas y diversas unidades de convivencia actuales y reduciendo, claramente, sus oportunidades.
El pasado 1 de abril miles de ciudadanos salimos a la calle para denunciar estas medidas. Queremos rechazar los constantes ataques al sistema de seguridad social, así como la campaña de criminalización que el departamento dirigido por Beatriz Artolazabal y los diferentes medios de comunicación. Así mismo el imponer la huella digital a las personas que reciban prestaciones sociales es inaceptable.
Los contantes recortes que estamos padeciendo en el ámbito laboral han aumentado la brecha social y el colectivo de personas trabajadoras en situación de pobreza es cada vez mayor. Muchas personas trabajadoras a través del trabajo no logran los ingresos suficientes y se ven obligadas a pedir prestaciones sociales para poder garantizar el tener necesidades básicas cubiertas.
En este contexto, las mujeres somos las más perjudicadas. Por poner un ejemplo, nosotras somos el 20,8% que tienen un contrato a tiempo parcial. Y por si fuera poco, el desempleo, la precarización, la brecha salarial, la desvalorización de los trabajados feminizados, no podemos olvidar todos aquellos trabajos que hacemos gratis las mujeres. Sobre nosotras recaen los trabajos de cuidados que este sistema necesita para producir. Sobre nosotras recaen los trabajos necesarios para cubrir las necesidades básicas cuando el Estado no asume sus responsabilidades. Es por ello que todos los recortes que llevan a cabo, suponen una gran carga sobre nuestras espaldas.
No lo admitimos. Nos hemos cansado de llevar estas mochilas tan pesadas. Las medidas de protección social no son un lujo, son nuestros derechos. Somos mujeres trabajadoras a las que trabajo nos sobra pero nos falta empleo digno. Las políticas antisociales del Gobierno Vasco nos condenan a situaciones de exclusión social. Pero las feministas bien sabemos que hay alternativas: un sistema de protección social público y de calidad que garantice una vida digna y soberana.
¡Por una vida soberana de pleno derecho!
¡No más recortes! ¡No más pobreza!
¡Gora borroka feminista!
