Mediante una movilización realizada ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, colectivos sociales han denunciado bajo el lema “Nuestra precariedad, su negocio”, los malos tratos que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales a través de Lanbide y que dirige Beatriz Artolazabal, está ejerciendo contra las mujeres, especialmente quienes han sido víctimas de la violencia machista, y exigen un sistema de protección social que se sustente en términos de justicia, que aplique políticas de igualdad reales.
Destacar también la presencia del Colectivo de mujeres feministas racializadas magrebíes AHIZPATASUNA, quienes junto con el apoyo de SOS Racismo-Bizkaia, han querido también denunciar la conculcación de derechos que se dan a diario en el Servicio Vasco de Empleo, al que califican como una forma de maltrato y violencia institucional, que con su malas prácticas generalizadas, no ayudan a evitar o paliar situaciones de precariedad y pobreza.
NOTA DE PRENSA
- La oficina del Ararteko continúa en 2018 emitiendo recomendaciones al Departamento de Empleo y Políticas Sociales para que las resoluciones por las que se acuerda la extinción de RGI/PCV y le recuerda que en dichas suspensiones no tiene en cuenta “la obligada consideración del interés superior del menor”.
- El Departamento de Empleo y Políticas Sociales continúa sin paliar la constante vulneración de derechos a las mujeres que han sufrido violencia machista, por parte del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).
Un 25 de noviembre más los colectivos Sociales de Bizkaia nos concentramos ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, para denunciar que el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) encargado de gestionar la Renta de garantía de Ingresos (RGI) y su Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), continua reproduciendo un sistema patriarcal, donde castiga a las mujeres y replica las situaciones de desigualdad que se reproducen desde otros contextos, como es el caso de quienes han sufrido violencia machista y otros lugares, como es el caso de las trabajadoras de hogar.
Los criterios empleados por Lanbide continúan siendo arbitrario y desproporcionados, haciendo un mal uso de la ley y dejando en situaciones de riesgo a muchas mujeres que en muchos casos cuentan con menores a cargo. En la actualidad, no solamente nos encontramos ante situaciones injustificadas de extinción de la prestación, sino que también esto está acarreando el reclamo de cantidades como “cobros indebidos” con carácter retroactivo por parte de este órgano, lo que está suponiendo un duro castigo para las mujeres, por lo que nos encontramos ante una doble discriminación hacia las mujeres, en especial las que vienen de situaciones de violencia.
En 2018 la oficina del Ararteko ha resuelto en varios expedientes su desacuerdo con los motivos que Lanbide aplica para suspender la prestación, ya que se trataba de mujeres que no habían cumplido en un momento concreto alguno los criterios establecidos por Lanbide, como consecuencia de situaciones de violencia o desigualdad. Además de esto, todas ellas contaban con menores a cargo, por lo que este departamento, como indica el Ararteko en sus resoluciones, no ha tenido en cuenta el interés superior del menor. Algo que resulta incompatible con una institución que se define a sí misma como “amigable con la infancia, que multiplica su capacidad para combatir la pobreza infantil y la transmisión intergeneracional de la exclusión social”.
Además de ello, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales continúa haciendo caso omiso a la constante vulneración de derechos que se produce en las oficinas de Lanbide hacia las mujeres que sufren violencia: malos tratos, agresiones, discriminación laboral, precariedad y pobreza.
- Lanbide solo considera que existe violencia machista cuando ésta se ejerce por una pareja o ex-pareja o se produce en el entorno familiar y las mujeres solo podrán mantener esta condición mediante Sentencia judicial u orden de alejamiento en vigor.
- Lanbide continúa exigiendo a las mujeres víctimas separarse legalmente o reclamar a través del juzgado pensiones de alimentos para los hijos, de inmediato, sin tener en cuenta argumentos válidos en contra.
- Lanbide continúa atendiendo a mujeres víctimas, obligándolas a trasladar información sensible, en mesas atestadas de personas, sin respetar su intimidad.
- Lanbide exige a las mujeres dar pasos para los que no siempre están preparadas, sin respetar los ritmos y características específicas de cada caso.
- Lanbide se enorgullece de los criterios excepcionales que establece para atender a las mujeres que han sufrido violencia, como pedir menos tiempo de empadronamiento, no teniendo en cuenta que hay mujeres que vienen huyendo de otras comunidades o que han sufrido cortes en el padrón (algo muy frecuente en estos casos), quedando fuera de acogerse a este derecho.
- Lanbide, al no admitir bajo ninguna premisa abandonar voluntariamente un empleo (sin atender a las causas que motivan esa decisión), obliga las mujeres a decidir entre soportar condiciones de explotación laboral y/o violencia en los centros de trabajo, como en el caso de las trabajadoras de hogar, o quedar en el más absoluto desamparo sin la cobertura de las prestaciones sociales.
Colectivos sociales de Bizkaia:
Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, Posada de los Abrazos, Punto de Información de Santurtzi, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.
NOTA PRENSA AHIZPATASUNA
El colectivo Ahizpatasuna, con el apoyo de SOS Racismo–Bizkaiko SOS Arrazakeria, queremos denunciar la conculcación de derechos que se dan a diario en el Servicio Vasco de Empleo, que consideramos son una forma de maltrato y violencia institucional y queremos denunciarlo precisamente el 25 de Noviembre, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Las políticas y malas prácticas hacia las mujeres migradas por parte de Lanbide en la RGI (Renta de Garantía de Ingresos e Incentivos al Empleo), son generalizadas y suponen no evitar o paliar situaciones de precariedad y ahondar en la feminización de la pobreza.
Hay que tener en cuenta que, en Bizkaia, según los datos de diciembre del 2017, el 58,37% de las titulares de la RGI son mujeres. (Los incentivos al empleo o ayuda para completar salarios bajos la reciben un 59,90% de mujeres.) De entre ellas, el colectivo de mujeres magrebíes perceptoras de la RGI se corresponde con el 3,13% del total. Esta cifra valdría para demostrar que los prejuicios sobre un hipotético abuso de las ayudas sociales por parte del colectivo de mujeres magrebíes son infundados.
Sin dejar de lado la constante vulneración de derechos que se producen en las oficinas de Lanbide hacia las mujeres que sufren violencia: malos tratos, agresiones, discriminación laboral, precariedad y pobreza, queremos denunciar las siguientes prácticas:
- Lanbide solamente concede permisos para salir de la comunidad autónoma vasca por 15 días, cuando muchas mujeres necesitan hasta 4 días de viaje para llegar al lugar donde se encuentran sus seres queridos. Sabemos que en la ley no figuran condiciones relativas a los permisos de salida de la CAV como ha sido señalado por el Ararteko en varias ocasiones. Este criterio solamente puede explicarse como un castigo.
- Las orientadoras dirigen a las mujeres a los trabajos más precarios y relacionados con los cuidados, sin tener en cuenta que las mujeres puedan tener otras trayectorias laborales e intereses. Se dan casos en los que incluso se les ha negado la opción de realizar estudios superiores. Con ello, Lanbide está reforzando el racismo institucional y el patriarcado que limitan las expectativas y destinan los trabajos menos cualificados a las mujeres.
- En los últimos tiempos se están produciendo suspensiones de la RGI sin previo aviso y por nimiedades. No es de recibo que muchas mujeres se queden a la intemperie durante meses a la espera de que se resuelva un recurso. Esta es una de las peores formas de maltrato.
- Hay mujeres que tienen la nacionalidad española a las que todavía se les pide el certificado de bienes del país de origen, en una clara discriminación con la población autóctona. Este papel, en ocasiones, es muy difícil de conseguir y no hace más que ahondar la desigualdad y el racismo institucional en el que se ven inmersas las personas migradas.
- En los casos de las mujeres divorciadas, la pensión del padre es descontada, aunque no la reciba. Se les dice que tienen que hacer valer sus derechos económicos; algo que muchas veces no es posible. Este criterio deja a madres y menores en clara situación de desigualdad y desprotección.
- Muchas mujeres han de soportar abusos, acoso, y agresiones porque abandonar voluntariamente un puesto de trabajo (sin tener en cuenta los motivos) cierra todos los cauces para poder acceder a las prestaciones.
La violencia contra las mujeres no sólo afecta a las que son maltratadas por sus parejas, y a las que son explotadas por un sistema que las esclaviza, sino también a quienes día tras día son precarizadas y sufren en propias carnes la exclusión y la feminización de la pobreza.
Amparar la violencia machista es también implementar políticas, fijar criterios o imponer plazos que obligan a las mujeres a permanecer en situaciones de violencia, por no tener otra salida y esto ocurre no sólo en casos de violencia de género, sino también en los ámbitos laboral e institucional.
En el marco del día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, denunciamos la actuación cotidiana de Lanbide; especialmente, en los casos de mujeres excluidas y migradas; una violencia institucional y económica que puede verse agravada con la reforma de la RGI presentada por los partidos que conforman el Gobierno Vasco.
NO AL MALTRATO POR PARTE DE LANBIDE. RGI, DERECHO SUBJETIVO DE TODAS LA MUJERES.
