Manifestación en Bilbao por el Día Internacional contra la Pobreza

Este miércoles 17 de octubre de 2018 con motivo del “Día internacional para la erradicación de la pobreza”, cientos de personas, entidades, colectivos sociales, vecinales y sindicales de Euskal Herria, han recorrido la Gran Vía de Bilbao desde la Plaza Elíptica (Moyua) en donde la jornada ha arrancado con la escenificación de una obra teatral y actuación musical, para luego salir en manifestación hasta la Subdelegación del Gobierno Vasco en donde se ha hecho entrega a través del Registro, de un escrito haciendo hincapié en que la pobreza es una problemática de derechos humanos y exigiendo que una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que acabe con la Pobreza.

COMUNICADO

Unirse con las personas más excluidas para construir un mundo donde los derechos humanos y la dignidad sean universalmente respetados

La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.

Las personas allí reunidas proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día y de la que se han hecho replicas en otras partes del mundo. Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen social se reúnen cada año ante estas placas para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.

La plena participación de las personas empobrecidas, especialmente en las decisiones que afectan a sus vidas y a sus comunidades, debe ocupar un lugar central en las políticas y en las estrategias para un futuro sostenible. De este modo, podemos garantizar que nuestro planeta y nuestras sociedades presentes y futuras respondan a las necesidades y a las aspiraciones de todas las personas, y no solamente a las de algunos y algunas privilegiadas. 

Este año, 2018, cuando celebramos el 70º aniversario de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es necesario recordar que millones de personas en situación de pobreza se ven afectadas de forma desproporcionada por numerosas violaciones de los derechos humanos.

Personas afectadas por la pobreza, por conflictos, por guerras se ven sin hogar, obligadas a desplazarse o forzadas a emigrar o cambiar de país para encontrar refugio, una vida mejor. En estos procesos de tránsito, muchas personas migrantes y refugiadas, se encuentran con situaciones de discriminación, exclusión, violencia; se encuentran con una violación clara de sus derechos y su dignidad. Especialmente graves son estas situaciones para las mujeres y los niños y niñas.

Como afirma la propia ONU: “En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza"

* A nivel mundial, aproximadamente 783 millones de personas están en situación de pobreza extrema; viven con menos de 1,9 dólares al día. El 70% son mujeres.

* En Euskadi:

- La tasa de pobreza en las mujeres es del 10% y de los hombres del 4%.

- 104.942 personas (el 4,9% de la población) vive en situación de pobreza grave, (tiene menos de 541,27 euros al mes para vivir).

- 399.643 personas (el 18,5%) vive en situación de pobreza relativa, (viven con menos de 811,90 euros al mes).

- 2.000 personas no tienen hogar

Acabar con la pobreza y respetar los derechos humanos exige un compromiso claro por parte de las instituciones públicas; no se trata de conmemorar un día al año, se trata de poner la voluntad política y los recursos necesarios para que los derechos humanos sean respetados en todo el planeta.

En Euskadi la realidad social exige hoy revisar y mejorar el sistema. Un elemento clave de esa revisión es la reforma del Sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social; una reforma que no acaba de ser enfocada adecuadamente por parte del Gobierno Vasco. 

La reforma debe solventar los principales problemas que el sistema tiene hoy día:

- Un tercio de la población en riesgo de pobreza y exclusión social no accede al sistema.

- Otro tercio, que si accede al sistema, no sale de la pobreza.

- La inclusión social no se ha desarrollado adecuadamente.

- La tramitación resulta excesivamente compleja para parte de la población.

Por todo ello es necesario un sistema con tres grandes objetivos:

- Garantizar el derecho a unos ingresos mínimos, suficientes para vivir con dignidad.

- Garantizar el derecho a la Inclusión social; a las prestaciones y servicios adecuados para que todas las personas puedan participar en y de la sociedad

- Garantizar un sistema eficaz y accesible

Pero, además, para acabar con la pobreza y la exclusión no son suficientes las políticas institucionales, es necesario dar voz y participación a las propias personas que la sufren, hacen falta políticas construidas para las personas y con las personas. Para ello reclamamos el derecho a la palabra de las personas en situación de pobreza y exclusión. 

Que las instituciones públicas se comprometan a recibir anualmente a una comisión de personas en situación de pobreza y exclusión.

“Las personas en situación de pobreza y exclusión también tenemos un sueño…

que nadie nunca más nos impida la participación…

que nadie, nunca más, se crea que ya sabe lo que nos pasa…

que nadie, nunca más, se olvide de preguntar a las personas en situación de vulnerabilidad”

Colectivos sociales

Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, Posada de los Abrazos, Punto de Información sobre RGI de Santurtzi, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.

Sindicatos

CCOO, CGT, CNT, LSB-USO, STEILAS, UGT, ESK

Redes del tercer sector social

CONGD (Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi), EAPN EUSKADI (Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, GIZATEA (Asociación de Empresas de Inserción de Euskadi), HIREKIN (Asociación de entidades de iniciativa e intervención social de Euskadi, REAS EUSKADI (Red de economía alternativa y solidaria de Euskadi)

"Tirón de orejas" de la Agencia de Protección de Datos a Lanbide por su sistema de “Huella digital”

Nota de prensa: Personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) se han concentrado ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao para presentar de forma pública la resolución que ha sido remitida por la Agencia de Protección de Datos ante su queja por el procedimiento utilizado por Lanbide para el acceso a ficheros públicos.

Esta resolución viene motivada por la denuncia pública que el pasado 22 de mayo varias personas y usuarias del Servicio Vasco de Empleo presentaron ante la Agencia de Protección de Datos por la recogida piloto en 10 oficinas de Lanbide de datos biométricos (10 dedos de ambas manos y una foto telemática del rostro); iniciativa más conocida como “Huella Digital”.

Estas familias pusieron en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos –y como ejemplo de la vulneración diaria de derechos que se produce en las oficinas de Lanbide- el tratamiento y acceso a información sensible de las unidades de convivencia. En concreto, la exigencia de firmar y dar consentimiento al documento denominado “Autorización para consultar datos en ficheros públicos”.

Este documento, en cuanto comunicación para solicitar el consentimiento, no cumplía con las exigencias de la Ley de Protección de Datos y el Reglamento de la Unión Europea.

Por este motivo, la Agencia de Protección de Datos demanda a Lanbide que sustituya este escrito –que durante años ha obligado a firmar a miles de familias- por una hoja en la que se informe de que se accederá a los datos de la persona solicitante, y del resto de la unidad de convivencia. Hay que tener en cuenta que la legislación que regula becas y prestaciones sociales cada vez concede más capacidades a la administración para acceder a documentos sin necesidad de recabar el consentimiento expreso.

La resolución de la Agencia de Protección de Datos le advierte a Lanbide que deberá quitar la coletilla que ponía hasta ahora (cualquier otro datos que sea necesario para la finalidad mencionada) en el impreso que obligaba a firmar a las familias solicitantes de la RGI. A partir de este momento DEBE modificar el mismo y CONCRETAR CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPROBAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS, ya que de otra manera la Agencia avisa, “puede dejar a los afectados en una situación de desconocimiento o indefensión”.

En definitiva, Lanbide está obligado a cumplir unas mínimas garantías, como especificar qué documentos puede solicitar a otras administraciones o entidades.

Esta resolución de la Agencia de Protección de datos va en la línea del diagnóstico elaborado por el Defensor del Pueblo (Ararteko) en su “Informe-propuesta de mejora sobre la gestión de las prestaciones de renta de garantía de ingresos 2017”.

En concreto, desde la defensoría del pueblo se ha detectado carencias en la información que se ofrece en relación a los requisitos y obligaciones que se deben reunir respecto al alcance del consentimiento que las personas usuarias prestan a Lanbide para la solicitud de datos en informes  a otras administraciones públicas; o las consecuencias que ello conlleva. Y constata que en ocasiones la información facilitada por Lanbide no es ajustada a las previsiones normativas o es incompleta e insuficiente.

Todas estas resoluciones ejemplifican las continuas y cotidianas malas prácticas que se producen en las oficinas del Servicio Vasco de Empleo; donde el consentimiento que se exige es totalmente ilegal. Siendo prueba de que no existe ninguna “voluntariedad” ni relación de horizontalidad a la hora de relacionarse con Lanbide.

Circunstancias que se reproducen en la actual recogida de datos biométricos e implantación de la Huella Digital en las oficinas de Lanbide. Práctica también denunciada ante la Agencia de Protección de Datos y pendiente todavía de resolución.

Colectivos sociales de Bizkaia:

Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras del Hogar de  Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, Posada de los Abrazos, Punto de Información de Santurtzi, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.

Denuncian frente a Sabin Etxea que la reforma de la RGI “creará más pobreza”

El Sindicato ESK se ha movilizado este miércoles 30 de mayo frente a la sede del PNV (Sabin Etxea) en Bilbao, para denunciar que la reforma de RGI propuesta por el PNV y PSE “creará más pobreza”.

NOTA DE PRENSA

Ante la proposición de ley para la garantía de ingresos y la inclusión social presentada por el PNV y el PSE el 27/04/2018 desde ESK:

- Reivindicamos una RGI que acabe con la pobreza.

- Denunciamos LA PROPUESTA de LEY de reforma de la RGI del PNV y el PSE que n solo acabaría con la pobreza, sino que la aumentaría. 

- Decimos que hay dinero y alternativas para acabar con la pobreza.  Sólo falta la voluntad política. 

- Llamamos al movimiento sindical a dar una respuesta contundente y a defender una alternativa que acabe con la pobreza. 

La propuesta de Ley presentada por el PNV y el PSE, no responde, en absoluto, a ninguno de los tres objetivos que debe cubrir la ley: Ni acaba con la pobreza y la exclusión, ni con el maltrato de Lanbide. Por el contrario, traerá consigo mucha más pobreza. 

La limitación a una unidad de convivencia (UC) por vivienda, expulsará de las prestaciones de RGI/PCV/AES a miles de UC (familias y personas individuales) que se ven obligadas a compartir piso para hacer frente a la carestía de este bien básico. 

Así mismo, la desvinculación definitiva de la RGI con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) provocará que, en años futuros, su insuficiente subida, e incluso su reducción, sea más sencilla.  Desde que la RGI perdió de facto, esta vinculación con el SMI en 2012, la cuantía de su recorte en estos siete años ha ascendido al 13,5%. 

Para ESK la Renta Básica individual, incondicional, universal y de cuantía suficiente sería la solución definitiva y más eficiente para acabar con la pobreza, pero, existen muchas medidas parciales que deberían de recogerse en esta reforma para que fuera un avance y no un retroceso en el derecho a una vida digna. 

Al menos se necesita una RGI que acabe con la pobreza, la exclusión social y la actual nefasta gestión de Lanbide. Desde ESK llevamos muchos años reivindicando una reforma radical de la RGI dirigida a solucionar sus principales carencias: 

- Acabar con la pobreza. Lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI o que nadie que acceda a ella siga siendo pobre. 

Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2016 (EPDS-2016) del Gobierno Vasco, hay 60.000 personas que, estando en riesgo de pobreza, no percibe la RGI; y otras 63.000 que, percibiéndola, siguen siendo pobres. 

- Acabar con la exclusión, promoviendo medidas de inclusión social y laboral concebidas como derechos independientes de las prestaciones económicas de garantía de rentas. 

- Acabar con la actual gestión que se viene haciendo por parte de la administración vasca de la RGI/PCV/AES.  Basta ya de criminalizar, humillar, ocultar datos y, hacer la vida imposible, por parte de Lanbide, a las personas solicitantes y perceptoras de las prestaciones. 

Como sociedad tenemos el derecho y la posibilidad de acabar con la pobreza y el Parlamento Vasco la obligación de hacerlo posible.  Exijámoslo en las calles.

Denuncian a Lanbide por implantación del Sistema de “huella digital”

Este martes 22 de mayo frente a la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao (Gran Vía 85) personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) han presentado una denuncia ante la Agencia Vasca de Protección de Datos por la puesta en marcha de la “Huella Digital” en las oficinas de Lanbide.

NOTA DE PRENSA

Estas personas manifiestan de forma pública su firme rechazo a esta ilegal recogida de identificaciones biométricas: los 10 dedos de ambas manos y una foto telemática del rostro. Por lo cual han solicitado la intervención de la Agencia de Protección de Datos.

En la medida que este viernes es de obligado cumplimiento la directiva europea (Reglamento General de Protección de Datos), que es mucho más restrictiva en cuanto al uso, gestión y recogida de datos personales. Este precepto de la UE señala que “para que se pueda considerar que el consentimiento es voluntario, negarse no puede tener ninguna repercusión negativa, ni mayores dificultades burocráticas para el acceso o ejercicio de derechos”.

Hay que tener en cuenta que desde el 19 de marzo se ha habilitado una sala donde recogen los datos biométricos de cada una de las personas usuarias de las 5 oficinas piloto en Bizkaia: Portugalete, Sestao, Barakaldo Gurutzeta/Cruces; Mazarredo y Txurdinaga en Bilbao. Para lo que se ha contratado a una persona para cada una de estas oficinas, la cual es la encargada de esta gestión.

En concreto, se están viendo afectadas en Bizkaia cerca de 14.000 personas usuarias, de ellas 6.500 son perceptoras de la RGI.

La intención que tiene Lanbide es que cualquier persona que se acerque a realizar algún tipo de gestión: sellar el paro, informarse sobre cursillos de formación o gestiones relacionadas con la RGI. Se las derivará al cuarto habilitado para la recogida invasiva de los datos biométricos de las personas desempleadas, pensionistas o con empleos precarios que utilicen sus servicios.

Ante la intención de criminalizar a los municipios y barrios con mayor desempleo. En la medida que la implantación de la “Huella Digital” es totalmente irregular y no ajustada a derecho. Se ha realizado una denuncia ante la Agencia de Protección de datos. Fundamentada en los siguientes motivos:

- Obligatoriedad de análisis de riesgo y evaluación del impacto sobre el derecho fundamental

La Unión Europea exige en su artículo 90 del Reglamento 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales. Que se lleve a cabo, antes de la implantación de la recogida masiva de datos biométricos, una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales con el fin de valorar la particularidad grave y probabilidad del alto riesgo de la utilización de estos datos. Análisis y evaluación que no ha sido realizada por Lanbide.

- Principio general: prohibición de utilización de datos biométricos

La Unión Europea establece como principio general la prohibición del tratamiento de datos biométricos. Por otro lado, advierte de los riesgos que conlleva la utilización de datos biométricos para grandes bases de datos centralizadas, dadas las consecuencias potencialmente prejudiciales para las personas afectadas, tanto en el caso de desvío como de violación de los datos o la privacidad.

- Importante impacto en la dignidad humana

En su Dictamen 3/2012, la Unión Europea alerta sobre el importante impacto en la dignidad humana de las personas a las que se les aplica sistemas de identificación biométricos y las implicaciones en cuestión de derechos fundamentales.

En esta línea, la Agencia Vasca de Protección de Datos, por voz de su directora Margarita Uria, ya ha manifestado ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco que “el uso de la biometría puede conllevar un mayor impacto sobre la dignidad, la desprotección de la intimidad y la privacidad de personas vulnerables”.

- No hay consentimiento libre

Cabe destacar, que el artículo 43 del Reglamento de la UE señala expresamente que “en un caso concreto en el que exista un desequilibrio claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, en particular cuando dicho responsable sea una autoridad pública. Es improbable que el consentimiento se haya dado libremente en todas las circunstancias de dicha situación”. Circunstancias que se dan de facto en las oficinas de Lanbide sobre las personas usuarias.

Baste como ejemplo el documento para la “AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR DATOS EN FICHEROS PÚBLICOS” que Lanbide obliga afirmar a las personas solicitantes de RGI/PCV. Donde no se explica que es una facultad de la persona usuaria; ni se informa sobre que puede ser revocado; o la manera de hacerlo.

Documento que finaliza, además, con una cláusula extensiva contraria a derecho ya que la persona usuaria y sus familiares prestarían su consentimiento para “cualquier otro dato de carácter personal que sea necesario para la finalidad mencionada”. Por otro lado, no se permite autorizar por separado las distintas operaciones de tratamiento de datos personales, ni que cada persona preste su consentimiento para unos documentos pero no para otros.

Todas estas circunstancias ejemplifican las continuas malas prácticas que se producen a diario en las oficinas de Lanbide; donde el consentimiento que se exige es totalmente ilegal. Siendo prueba de que no existe ninguna “voluntariedad” ni relación de horizontalidad a la hora de relacionarse con Lanbide.

Colectivos sociales de Bizkaia:

Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras del Hogar de  Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, Posada de los Abrazos, Punto de Información de Santurtzi, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.

ARGILAN-ESK reivindica una RGI que acabe con la pobreza

Nota de prensa de ARGILAN-ESK sobre la proposición de Ley para la Garantía de ingresos y la inclusión social presentada por el PNV y el PSE el 27/04/2018:

- Reivindicamos una RGI que acabe con la pobreza.

- La PROPUESTA  de LEY de reforma de la RGI del PNV y el PSE no solo no acabaría con la pobreza, sino que la aumentaría.

- Hay dinero y alternativas para acabar con la pobreza. Solo falta la voluntad política.

- Nos vamos a organizar y a movilizar para exigir acabar con la pobreza. Porque es nuestro derecho.

1. Desde ARGILAN-ESK llevamos muchos años reivindicando una reforma radical de la RGI dirigida a solucionar sus principales carencias:

- Acabar con la pobreza. Lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI o que nadie que acceda a ella siga siendo pobre.

Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2016 (EPDS-2016) del Gobierno Vasco, hay 60.000 personas que, estando en riesgo de pobreza, no perciben la RGI; y otras 63.000 que, percibiéndola, siguen siendo pobres.

- Acabar con la exclusión, promoviendo medidas de inclusión social y laboral concebidas como derechos independientes de las prestaciones económicas de garantía de rentas.

- Acabar con la actual gestión que se viene haciendo por parte de la administración vasca de la RGI/PCV/AES. Basta ya de criminalizar, humillar, ocultar datos y, hacer la vida imposible, por parte de Lanbide, a las personas solicitantes y perceptoras de las prestaciones.

2. Para ARGILAN-ESK la Propuesta de Ley para reformar el sistema de garantía de ingresos y la inclusión social , presentada por el PNV y el PSE, el pasado 27 de abril, no responde, en absoluto, a ninguno de los tres objetivos que acabamos de señalar: Ni acaba con la pobreza y la exclusión, ni con el maltrato de Lanbide. Por el contrario, traerá consigo mucha más pobreza, porque:

- La limitación a una unidad de convivencia (UC) por vivienda expulsará de las prestaciones de RGI/PCV/AES a miles de UC (familias y personas individuales) que se ven obligadas a compartir piso para hacer frente a la carestía de este bien básico.

- La desvinculación definitiva de la RGI con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) provocará que, en años futuros, su insuficiente subida, e incluso su reducción, sea más sencilla. Desde que la RGI perdió, de facto, esta vinculación con el SMI en 2012, la cuantía de su recorte en estos siete años ha ascendido al 13,5%.

- La Renta de Garantía Complemento de Ingresos de Trabajo se va a recortar en su cuantía aumentando así la pobreza de los trabajadores y trabajadoras precarias.

- Se mantendrán los controles y la persecución a la que Lanbide somete a las personas perceptoras, añadiendo, por ejemplo, la huella digital obligatoria, por más que se sepa que es, además de discriminatoria e indeseable, ilegal por contravenir los derechos a la protección de datos.

- Aunque es verdad que habrá UC que saldrán beneficiadas (las que cuentan con más de 3 miembros y las monomarentales) su beneficio, en ningún caso, evitará que sean muchas más las que resulten perjudicadas al perder su derecho a las prestaciones de RGI y PCV por no tener medios para vivir solas en una vivienda.

3. Para lograr una ley que acabe con la pobreza, los cambios que para ARGILAN-ESK tendría que abordar una nueva Ley de la RGI/PCV/AES, deberían ser los siguientes:

- Igualar el importe de la RGI al 100% del SMI. 

- Rebajar el tiempo de empadronamiento previo para percibir la RGI y PCV a 1 año.

- Otorgar a las AES la consideración de derecho subjetivo.

- Dejar la edad para cobrar la RGI y la PCV  en los 18 años.

- Avanzar en la individualización del derecho a la RGI-PCV, siempre garantizando las necesidades de supervivencia (umbral de pobreza) de cada una de las personas convivientes, así como la distribución igualitaria de estas prestaciones.

- Garantizar que los estímulos al empleo (Renta de Garantía Complemento de Ingresos de Trabajo), además de ser ilimitados en el tiempo, no resulten tan escasos que le lleven a la gente que los percibe a caer en la trampa de la pobreza, abandonando los empleos para quedarse sólo con la RGI-PCV.

- Separar radicalmente el derecho a la inclusión de la RGI-PCV-AES. El derecho a la inclusión, además de ser independiente del derecho a la garantía de rentas, deberá tener dos modalidades diferenciadas, la de la inclusión social y la de la inclusión laboral.

- Dirigir el régimen sancionador hacia el objetivo de combatir el escasísimo fraude existente en este sistema de garantía de ingresos (0,3% según datos del Gobierno Vasco), e impedir que Lanbide actúe, como hasta ahora, sancionando con la pérdida de las prestaciones a personas que cometen pequeñas faltas burocráticas en el cumplimiento de sus requisitos y obligaciones.

- La gestión de las prestaciones deben sufrir un cambio radical, entre otras cuestiones:

* Se deben acortar al máximo todos los plazos actualmente vigentes de que dispone la administración frente a la persona solicitante y/o perceptora.

* Cuando la administración no conteste en plazo, sólo funcionará el silencio administrativo positivo.

* La administración no podrá volver a exigir la entrega de documentación que ya ha sido aportada y, tampoco, aquella que puede recabar internamente de otras administraciones con las cuales tiene conexiones telemáticas.

* Se pondrá en marcha un sistema de gestión que limite al máximo los pagos indebidos y en todo coso estos prescribirán en el plazo de un año.

* ……….

4. Nos vamos a organizar para luchar por nuestro derecho a una vida digna.

El próximo 5 de junio vamos a celebrar una asamblea informativa sobre la reforma de la RGI en Bilbao en el centro cívico de la bolsa y desde allí haremos un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en las diferentes movilizaciones que se seguirán organizando para dar respuesta a estos recortes

Por otro lado, en estas fechas se va a dar comienzo a la recogida de firmas para una ILP “por los derechos sociales” promovida por la Carta por los Derechos Sociales de Euskal Herria, de la que ARGILAN-ESK formamos parte y que, aun siendo conscientes de los límites de sus contenidos, vemos de interés apoyar, recoger firmas y defender en el Parlamento para su aprobación, ya que supondría un avance importante para la ciudadanía vasca.

Como sociedad tenemos el derecho y la posibilidad  de acabar con la pobreza y el Parlamento Vasco  la  obligación de hacerlo posible, poniéndose inmediatamente a realizar la reforma de la actual Ley de la RGI-PCV-AES, asumiendo las propuestas de mejoras que hemos señalado. Exijámoslo en las calles.

Lanbide suspende la RGI a víctima de violencia machista con 2 hijos de 1 y 9 años

Con una concentración ante las oficinas de Lanbide, en el barrio barakaldés de Beurko, organizada por Argitan (Centro Asesor de las Mujeres de Barakaldo) y Berri-Otxoak (Plataforma con la exclusión social y por los derechos sociales), han querido denunciar la suspensión de la RGI realizada por Lanbide a I. T., mujer de 33 años, víctima de violencia de género y con dos menores a cargo.

En concreto, esta mujer tiene suspendida la RGI por un periodo de un año. Según Lanbide, esta suspensión caduca el 2 de mayo; aunque está sin percibir la RGI desde marzo de 2.017.

Además, cabe destacar que el Defensor del Pueblo vuelve a reprochar a Lanbide el suspender la RGI a una mujer con 2 menores a cargo; la cual, además, tiene orden de alejamiento de su ex-marido al sufrir malos tratos por parte de éste. Estos hechos también han motivado que presente una denuncia contra Lanbide ante el Contencioso Administrativo, demanda que ha sido admitida a trámite.

En reciente resolución, el Ararteko critica la vulneración de derechos que ha sufrido esta mujer. En concreto, señala que se infringe “el principio de proporcionalidad, artículo 4 Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público”. Además, recalca que “tanto la normativa relativa a la RGI como los Criterios de Lanbide en materia de RGI de mayo de 2017 establecen un régimen más flexible, comprendiendo la gravedad de la situación, para las víctimas de violencia de género”

Textualmente, dice: "El Ararteko quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la queja afecta a una mujer víctima de violencia de género que tiene a dos menores a su cargo, de nueve años y de un año. La existencia de una credencial de víctima protegida con una orden de alejamiento durante 20 meses, esto es, con la duración que Lanbide está valorando como periodo en el que ha perdido los requisitos, es un dato transcendental para valorar las decisiones que se han adoptado en el presente expediente. En este sentido, debe ponderarse las circunstancias relativas a la condena penal al marido por amenazas y la existencia de una orden de alejamiento”.

Hay que recordar que este recorte en sus derechos lo sufre una mujer con 2 hijos menores a cargo, lo cual también es motivo de reproche por parte del Arateko. En múltiples resoluciones le ha hecho saber a Lanbide que “el interés superior del menor es un imperativo legal que debe tenerse en cuenta en las decisiones de las administraciones públicas. Esta posición se ha confirmado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Desde esta institución, queremos hacer hincapié en que se trata de una Ley Orgánica con una naturaleza, por tanto, especial en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico. Por todo ello, el interés superior del menor ha de ser considerado como derecho sustantivo, principio jurídico y norma de procedimiento por parte de Lanbide”. 

Literalmente, el Ararteko incide en que: “en las decisiones relativas a las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos, cuando hay un niño o niña en la unidad de convivencia, se evalúe el interés superior del menor y este interés constituya la consideración primordial”. Es más, “que cuando en un procedimiento se concluya que para salvaguardar el interés superior del menor debe mantenerse el derecho a la RGI”.

Ante estos dictámenes y resoluciones exigimos que Lanbide restituya la RGI a I. T. y archive los procedimientos sancionadores contra ella.

El “Vía Crucis” de los recortes sociales en Bilbao

Integrantes de AHT gelditu!, Kakitzat (Koordinakunde Antimilitarista) y la Plataforma contra la Exclusión y por los derechos sociales (Berri Otxoak), han escenificado un “vía crucis”, el cual ha iniciado frente a la sede del PNV en Bilbao (Sabin Etxea) y que ha finalizado en las oficinas de Lanbide de la calle Mazarredo, para denunciar el despilfarro que supone el gasto militar y las obras de construcción del TAV; más aún, si cabe, en una época de crisis y de recortes como el actual: en pensiones, ayudas a la dependencia, prestaciones sociales como la RGI, o en políticas de acceso a una vivienda digna.

COMUNICADO

Este martes 27 de marzo el Consejo de Ministros aprueba los presupuestos de cara a este año 2018. Un par de meses antes el Gobierno Vasco también sacó sus cuentas adelante. Ambas instituciones legislan innumerables recortes en las partidas destinadas al gasto social (sanidad, vivienda, igualdad, prestaciones o educación).

Un ejemplo, es el recorte que se lleva aplicando desde hace 6 años en la cuantía de la RGI si la próxima reforma donde el Gobierno Vasco quiere establecer innumerables recortes. Lo mismo se puede decir, a nivel estatal, sobre las pensiones, las políticas de igualdad y dependencia o los subsidios por desempleo.

Frente a esta realidad de recortes, sin embargo, nos encontramos como se amplían los recursos económicos destinados al gasto militar y las grandes infraestructuras. Así,

- El presupuesto del Ministerio de Defensa en 2017 fue de 7.558 millones. A lo que debemos añadir el total de la deuda contraída con el negocio armamentístico: el cual alcanza los 21.000 millones de euros.

- Además, siguen dando pasos para que el gasto militar se incremente hasta llegar al 2% del PIB en una década, como exige la OTAN a sus estados miembros. Así, en la pasada pascua militar la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunció un “Nuevo ciclo inversor en materia de Defensa”. Es decir, el impulso de programas de armamento por valor de 11.000 millones (10.805 millones de euros).

- Por otro lado, el Gobierno Vasco subvenciona la industria militar, principalmente ligada al sector aeronáutico; y permite la exportación de material militar a través del Puerto de Bilbao. En concreto, 8.656 toneladas en 312 contenedores marcados con el sello de “explosivos” han salido en los últimos meses con destino a Arabia Saudí, responsable de los bombardeos que están provocando decenas de miles de muertos en Yemen.

- El coste de las obras del TAV superará los 6.000 millones de euros sólo para la Y Vasca. Tras 11 años de obras, y ni la mitad de la obra ejecutada, el Gobierno Vasco y Fomento han gastado ya 3.0000 millones.

- El Gobierno Vasco destina este 2018, 156,2 millones para las obras del TAV. A sumar los 255,6 millones de euros consignados por el Consejo de Ministros para la licitación del segundo sector Bergara-Elorrio.

- Por si esto no fuera poco. Los sobrecostes que acumula el proyecto sólo en el tramo gestionado por el ejecutivo vasco son de 263 millones. Hay que tener en cuenta que el proyecto iniciado en 2006 se presupuestó en 4.178 millones y se estima que superará los 6.000 millones; es decir, más de 2.000 millones de euros en sobrecoste.

- No es una inversión para tiempos mejores: diversos informes de la CEOE concluyen que la inversión en el TAV no ayuda a la generación de tejido industrial, ya que no es idóneo para el transporte de mercancías.

Está claro que el despilfarro de recursos destinados al TAV y el gasto militar no compensan necesidad alguna de la sociedad. Pero suponen un derroche cuando necesitamos más pensiones dignas; escuelas; hospitales; políticas de igualdad y recursos contra la violencia machista; más prestaciones para las familias que sufren procesos de precariedad y pobreza; o incremento de las ayudas a la dependencia.