Eider de Dios presentación en Bilbao su libro “Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar. Género, clase e identidad en el franquismo y la transición a través del servicio doméstico (1939-1995)”

La Librería Louise Michel de Bilbao ha acogido la tarde de este martes 27 de noviembre, la presentación del libro “Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar. Género, clase e identidad en el franquismo y la transición a través del servicio doméstico (1939-1995)”, de la mano de su autora, Eider de Dios, Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de País Vasco y Premio de Investigación Feminista Victoria Kent por su análisis del trabajo doméstico en el franquismo y en la transición. Acompañada de Mercedes Arbaiza, Profesora Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de País Vasco y experta en género y cultura del trabajo.

En la presentación, organizada por el Centro de Documentación de Mujeres “Maite Albiz”, se expone un estudio de largo recorrido en el que se muestran tanto los cambios en las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar, como los cambios en su subjetividad como trabajadoras y como mujeres, al hilo de las transformaciones sociales y culturales que tuvieron lugar durante el franquismo y la transición.

DESCRIPCIÓN:
Durante la II República se dieron mejoras legales en el servicio doméstico. A pesar de que dichas reformas disfrutaron de una corta vida, sindicatos como la CNT y la UGT prestaron atención a las trabajadoras del servicio doméstico, crearon secciones específicas para ellas y llevaron a cabo varias movilizaciones. Las movilizaciones más significativas tuvieron lugar en Andalucía y, cuando concluyó la Guerra Civil, estas mujeres sufrieron la represión del régimen franquista. Las ?chachas sindicalistas? eran el mejor ejemplo del desorden social y, por ello, el régimen quería establecer un tipo de servicio doméstico que consideraban tradicional: una especie de semiadopción en régimen de internado. Al servicio doméstico se le excluyó de toda normativa legal. Había dejado de ser un trabajo, se trataba de un acto de buena voluntad ejercido por ambas partes: una familia humilde depositaba a su joven hija al servicio de otra familia de posición desahogada y esta debía brindar a la muchacha, aparte de la manutención, ciertos conocimientos. Sin embargo, el servicio doméstico durante el primer franquismo no sólo funcionó como una estrategia de supervivencia para las clases populares vinculadas con los/las perdedores/as de la guerra, también era un medio de reeducación de estas clases sociales. Las chicas que desde finales de la década de los cincuenta entraron en el servicio doméstico ya no lo hicieron como estrategia de huída de la represión y de la miseria sino como una forma para emigrar y mejorar sus expectativas de juventud. Su actitud había cambiado al igual que lo había hecho la relación con sus patrones. El cambio se simbolizaba en la empleada de hogar, un nuevo agente histórico que iba en relación al nuevo modelo de mujer, la mujer trabajadora.

El servicio doméstico dejó de ser un servicio de buena voluntad para convertirse en algo cada vez más parecido a un trabajo. Los medios de comunicación fueron conscientes de estas modificaciones y, por ello, durante las décadas de los sesenta y setenta se hicieron una gran cantidad de películas con la temática del servicio doméstico cuyo máximo exponente fue Gracita Morales. Antes de la llegada de la Transición las empleadas de hogar ya se habían movilizado a través de la JOC, y habían conseguido que su mensaje sobre el agotamiento del régimen de internado calara en la sociedad.

Durante la transición, varios sindicatos de clase formaron grupos de empleadas de hogar. No obstante, se demostró su ineficiencia para agrupar a sectores masivamente feminizados como el servicio doméstico. La lucha parecía que debía encauzarse desde el feminismo y de esta manera se formaron las primeras Asociaciones de Trabajadoras de Hogar. La lucha de las trabajadoras de hogar muestra los límites de la transición porque precisamente la empatía que habían generado en la sociedad se quebró cuando pretendieron ser igualadas al resto de sectores laborales. Sin embargo, en lugar de visibilizar a este colectivo como víctimas, tenemos que apreciar su gran capacidad para cuestionar la estructura social o la conciliación y solo podremos hacerlo a través de sus propias palabras. (Fuente: UMAEditorial)

Denuncian en Bilbao que “Lanbide no se planta ante la violencia machista”

Mediante una movilización realizada ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, colectivos sociales han denunciado bajo el lema “Nuestra precariedad, su negocio”, los malos tratos que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales a través de Lanbide y que dirige Beatriz Artolazabal, está ejerciendo contra las mujeres, especialmente quienes han sido víctimas de la violencia machista, y exigen un sistema de protección social que se sustente en términos de justicia, que aplique políticas de igualdad reales.

Destacar también la presencia del Colectivo de mujeres feministas racializadas magrebíes AHIZPATASUNA, quienes junto con el apoyo de SOS Racismo-Bizkaia, han querido también denunciar la conculcación de derechos que se dan a diario en el Servicio Vasco de Empleo, al que califican como una forma de maltrato y violencia institucional, que con su malas prácticas generalizadas, no ayudan a evitar o paliar situaciones de precariedad y pobreza.

NOTA DE PRENSA

- Mujeres en situación de violencia y en ocasiones con menores a cargo, están siendo castigadas con la expulsión del sistema de protección social y el pago de “supuestos cobros indebidos” por parte de Lanbide, ejerciendo de esta manera una doble discriminación.

- La oficina del Ararteko continúa en 2018 emitiendo recomendaciones al Departamento de Empleo y Políticas Sociales para que las resoluciones por las que se acuerda la extinción de RGI/PCV y le recuerda que en dichas suspensiones no tiene en cuenta “la obligada consideración del interés superior del menor”.

- El Departamento de Empleo y Políticas Sociales continúa sin paliar la constante vulneración de derechos a las mujeres que han sufrido violencia machista, por parte del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).

Un 25 de noviembre más los colectivos Sociales de Bizkaia nos concentramos ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, para denunciar que el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) encargado de gestionar la Renta de garantía de Ingresos (RGI) y su Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), continua reproduciendo un sistema patriarcal, donde castiga a las mujeres y replica las situaciones de desigualdad que se reproducen desde otros contextos, como es el caso de quienes han sufrido violencia machista y otros lugares, como es el caso de las trabajadoras de hogar.

Los criterios empleados por Lanbide continúan siendo arbitrario y desproporcionados, haciendo un mal uso de la ley y dejando en situaciones de riesgo a muchas mujeres que en muchos casos cuentan con menores a cargo. En la actualidad, no solamente nos encontramos ante situaciones injustificadas de extinción de la prestación, sino que también esto está acarreando el reclamo de cantidades como “cobros indebidos” con carácter retroactivo por parte de este órgano, lo que está suponiendo un duro castigo para las mujeres, por lo que nos encontramos ante una doble discriminación hacia las mujeres, en especial las que vienen de situaciones de violencia.

En 2018 la oficina del Ararteko ha resuelto en varios expedientes su desacuerdo con los motivos que Lanbide aplica para suspender la prestación, ya que se trataba de mujeres que no habían cumplido en un momento concreto alguno los criterios establecidos por Lanbide, como consecuencia de situaciones de violencia o desigualdad. Además de esto, todas ellas contaban con menores a cargo, por lo que este departamento, como indica el Ararteko en sus resoluciones, no ha tenido en cuenta el interés superior del menor. Algo que resulta incompatible con una institución que se define a sí misma como “amigable con la infancia, que multiplica su capacidad para combatir la pobreza infantil y la transmisión intergeneracional de la exclusión social”.

Además de ello, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales continúa haciendo caso omiso a la constante vulneración de derechos que se produce en las oficinas de Lanbide hacia las mujeres que sufren violencia: malos tratos, agresiones, discriminación laboral, precariedad y pobreza.

- Lanbide solo considera que existe violencia machista cuando ésta se ejerce por una pareja o ex-pareja o se produce en el entorno familiar y las mujeres solo podrán mantener esta condición mediante Sentencia judicial u orden de alejamiento en vigor.

- Lanbide continúa exigiendo a las mujeres víctimas separarse legalmente o reclamar a través del juzgado pensiones de alimentos para los hijos, de inmediato, sin tener en cuenta argumentos válidos en contra.

- Lanbide continúa atendiendo a mujeres víctimas, obligándolas a trasladar información sensible, en mesas atestadas de personas, sin respetar su intimidad.

- Lanbide exige a las mujeres dar pasos para los que no siempre están preparadas, sin respetar los ritmos y características específicas de cada caso.

- Lanbide se enorgullece de los criterios excepcionales que establece para atender a las mujeres que han sufrido violencia, como pedir menos tiempo de empadronamiento, no teniendo en cuenta que hay mujeres que vienen huyendo de otras comunidades o que han sufrido cortes en el padrón (algo muy frecuente en estos casos), quedando fuera de acogerse a este derecho.

- Lanbide, al no admitir bajo ninguna premisa abandonar voluntariamente un empleo (sin atender a las causas que motivan esa decisión), obliga las mujeres a decidir entre soportar condiciones de explotación laboral y/o violencia en los centros de trabajo, como en el caso de las trabajadoras de hogar, o quedar en el más absoluto desamparo sin la cobertura de las prestaciones sociales.

Colectivos sociales de Bizkaia:
Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras del Hogar de  Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, Posada de los Abrazos, Punto de Información de Santurtzi, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.

NOTA PRENSA AHIZPATASUNA

El colectivo Ahizpatasuna, con el apoyo de SOS Racismo–Bizkaiko SOS Arrazakeria, queremos denunciar la conculcación de derechos que se dan a diario en el Servicio Vasco de Empleo, que consideramos son una forma de maltrato y violencia institucional y queremos denunciarlo precisamente el 25 de Noviembre, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Las políticas y malas prácticas hacia las mujeres migradas por parte de Lanbide en la RGI (Renta de Garantía de Ingresos e Incentivos al Empleo), son generalizadas y suponen no evitar o paliar situaciones de precariedad y ahondar en la feminización de la pobreza.

Hay que tener en cuenta que, en Bizkaia, según los datos de diciembre del 2017, el 58,37% de las titulares de la RGI son mujeres. (Los incentivos al empleo o ayuda para completar salarios bajos la reciben un 59,90% de mujeres.) De entre ellas, el colectivo de mujeres magrebíes perceptoras de la RGI se corresponde con el 3,13% del total. Esta cifra valdría para demostrar que los prejuicios sobre un hipotético abuso de las ayudas sociales por parte del colectivo de mujeres magrebíes son infundados.

Sin dejar de lado la constante vulneración de derechos que se producen en las oficinas de Lanbide hacia las mujeres que sufren violencia: malos tratos, agresiones, discriminación laboral, precariedad y pobreza, queremos denunciar las siguientes prácticas:

- Lanbide solamente concede permisos para salir de la comunidad autónoma vasca por 15 días, cuando muchas mujeres necesitan hasta 4 días de viaje para llegar al lugar donde se encuentran sus seres queridos. Sabemos que en la ley no figuran condiciones relativas a los permisos de salida de la CAV como ha sido señalado por el Ararteko en varias ocasiones. Este criterio solamente puede explicarse como un castigo.

- Las orientadoras dirigen a las mujeres a los trabajos más precarios y relacionados con los cuidados, sin tener en cuenta que las mujeres puedan tener otras trayectorias laborales e intereses. Se dan casos en los que incluso se les ha negado la opción de realizar estudios superiores. Con ello, Lanbide está reforzando el racismo institucional y el patriarcado que limitan las expectativas y destinan los trabajos menos cualificados a las mujeres.

- En los últimos tiempos se están produciendo suspensiones de la RGI sin previo aviso y por nimiedades. No es de recibo que muchas mujeres se queden a la intemperie durante meses a la espera de que se resuelva un recurso. Esta es una de las peores formas de maltrato.

- Hay mujeres que tienen la nacionalidad española a las que todavía se les pide el certificado de bienes del país de origen, en una clara discriminación con la población autóctona. Este papel, en ocasiones, es muy difícil de conseguir y no hace más que ahondar la desigualdad y el racismo institucional en el que se ven inmersas las personas migradas.

- En los casos de las mujeres divorciadas, la pensión del padre es descontada, aunque no la reciba. Se les dice que tienen que hacer valer sus derechos económicos; algo que muchas veces no es posible. Este criterio deja a madres y menores en clara situación de desigualdad y desprotección.

- Muchas mujeres han de soportar abusos, acoso, y agresiones porque abandonar voluntariamente un puesto de trabajo (sin tener en cuenta los motivos) cierra todos los cauces para poder acceder a las prestaciones.

La violencia contra las mujeres no sólo afecta a las que son maltratadas por sus parejas, y a las que son explotadas por un sistema que las esclaviza, sino también a quienes día tras día son precarizadas y sufren en propias carnes la exclusión y la feminización de la pobreza.

Amparar la violencia machista es también implementar políticas, fijar criterios o imponer plazos que obligan a las mujeres a permanecer en situaciones de violencia, por no tener otra salida y esto ocurre no sólo en casos de violencia de género, sino también en los ámbitos laboral e institucional.

En el marco del día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, denunciamos la actuación cotidiana de Lanbide; especialmente, en los casos de mujeres excluidas y migradas; una violencia institucional y económica que puede verse agravada con la reforma de la RGI presentada por los partidos que conforman el Gobierno Vasco.

NO AL MALTRATO POR PARTE DE LANBIDE. RGI, DERECHO SUBJETIVO DE TODAS LA MUJERES.

"Tirón de orejas" de la Agencia de Protección de Datos a Lanbide por su sistema de “Huella digital”

Nota de prensa: Personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) se han concentrado ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao para presentar de forma pública la resolución que ha sido remitida por la Agencia de Protección de Datos ante su queja por el procedimiento utilizado por Lanbide para el acceso a ficheros públicos.

Esta resolución viene motivada por la denuncia pública que el pasado 22 de mayo varias personas y usuarias del Servicio Vasco de Empleo presentaron ante la Agencia de Protección de Datos por la recogida piloto en 10 oficinas de Lanbide de datos biométricos (10 dedos de ambas manos y una foto telemática del rostro); iniciativa más conocida como “Huella Digital”.

Estas familias pusieron en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos –y como ejemplo de la vulneración diaria de derechos que se produce en las oficinas de Lanbide- el tratamiento y acceso a información sensible de las unidades de convivencia. En concreto, la exigencia de firmar y dar consentimiento al documento denominado “Autorización para consultar datos en ficheros públicos”.

Este documento, en cuanto comunicación para solicitar el consentimiento, no cumplía con las exigencias de la Ley de Protección de Datos y el Reglamento de la Unión Europea.

Por este motivo, la Agencia de Protección de Datos demanda a Lanbide que sustituya este escrito –que durante años ha obligado a firmar a miles de familias- por una hoja en la que se informe de que se accederá a los datos de la persona solicitante, y del resto de la unidad de convivencia. Hay que tener en cuenta que la legislación que regula becas y prestaciones sociales cada vez concede más capacidades a la administración para acceder a documentos sin necesidad de recabar el consentimiento expreso.

La resolución de la Agencia de Protección de Datos le advierte a Lanbide que deberá quitar la coletilla que ponía hasta ahora (cualquier otro datos que sea necesario para la finalidad mencionada) en el impreso que obligaba a firmar a las familias solicitantes de la RGI. A partir de este momento DEBE modificar el mismo y CONCRETAR CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPROBAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS, ya que de otra manera la Agencia avisa, “puede dejar a los afectados en una situación de desconocimiento o indefensión”.

En definitiva, Lanbide está obligado a cumplir unas mínimas garantías, como especificar qué documentos puede solicitar a otras administraciones o entidades.

Esta resolución de la Agencia de Protección de datos va en la línea del diagnóstico elaborado por el Defensor del Pueblo (Ararteko) en su “Informe-propuesta de mejora sobre la gestión de las prestaciones de renta de garantía de ingresos 2017”.

En concreto, desde la defensoría del pueblo se ha detectado carencias en la información que se ofrece en relación a los requisitos y obligaciones que se deben reunir respecto al alcance del consentimiento que las personas usuarias prestan a Lanbide para la solicitud de datos en informes  a otras administraciones públicas; o las consecuencias que ello conlleva. Y constata que en ocasiones la información facilitada por Lanbide no es ajustada a las previsiones normativas o es incompleta e insuficiente.

Todas estas resoluciones ejemplifican las continuas y cotidianas malas prácticas que se producen en las oficinas del Servicio Vasco de Empleo; donde el consentimiento que se exige es totalmente ilegal. Siendo prueba de que no existe ninguna “voluntariedad” ni relación de horizontalidad a la hora de relacionarse con Lanbide.

Circunstancias que se reproducen en la actual recogida de datos biométricos e implantación de la Huella Digital en las oficinas de Lanbide. Práctica también denunciada ante la Agencia de Protección de Datos y pendiente todavía de resolución.

Colectivos sociales de Bizkaia:

Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras del Hogar de  Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, Posada de los Abrazos, Punto de Información de Santurtzi, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.

Trabajadoras del SAD rodean el Ayuntamiento de Bilbao por unas condiciones laborales dignas

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Bizkaia, quienes llevan más de cinco años sin convenio colectivo y con congelación salarial, han protagonizado una nueva movilización este jueves 31 de mayo rodeando el Ayuntamiento de Bilbao, mientras se realizaba el pleno, con el apoyo de los sindicatos ELA, LAB, UGT y USO, para exigir que mejoren sus condiciones laborales.

COMUNICADO

Hace más de un año, que quienes prestamos diariamente el Servicio de Ayuda a Domicilio prestando apoyo emocional y físico a personas con dificultades para desarrollar actividades básicas de la vida diaria, comenzamos una dinámica de movilización en defensa del Servicio de Ayuda a Domicilio y reivindicando mejoras laborales para las Auxiliares domiciliarias.

El contexto que nos ofrecía la negociación colectiva, era óptimo para ello, ya que el marco de la negociación colectiva, tiene claras limitaciones para poder regular óptimamente las condiciones laborales de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio de titularidad pública, concretamente municipal y son estos, quienes han decidido mayoritariamente por un modelo de gestión privada, mediante concursos públicos, dejando en manos de mercantiles con escasa solvencia social este fundamental servicio.

Es en estos concursos públicos, es donde se establece el precio hora, sin fijar un precio mínimo, es donde se establecen las horas a prestar, sin garantizar unas horas mínimas, y por lo tanto la jornada que tiene cada trabajadora, donde se establece la subrogación o no de las trabajadoras, sin tener en cuenta al personal eventual y personal técnico, donde se establecen en definitiva en qué condiciones se va a prestar el servicio. La falta de reconocimiento del trabajo prestado por las trabajadoras de este servicio público, tiene reflejo en la ausencia de cláusulas sociales y garantes de las condiciones y derechos laborales en los pliegos de condiciones elaborados por los Ayuntamientos.

Es por ello, que parte de la dinámica en defensa del Servicio de Ayuda a Domicilio, tenía como objeto trasladar la grave situación del sector a los Ayuntamientos y mancomunidades, situándolo en la agenda institucional, mediante la interpelación a los diferentes grupos municipales para que secundasen una moción y se adoptasen una serie de medidas a incorporar en los pliegos de condiciones.

Hasta la fecha, hemos realizado numerosas movilizaciones, 10 jornadas de paros parciales y hemos llevado el diagnóstico que efectuamos del SAD y las soluciones a varios municipios. A día de hoy, estamos manteniendo conversaciones con los grupos municipales de Getxo, estamos a la espera de que se debata en pleno en Barakaldo y ha sido debatida y aprobada una moción en el Ayuntamiento de Portugalete, en la que se recoge la subrogación de todas las trabajadoras, la bolsa de trabajo, se garantizan las jornadas laborales, un precio suficiente para cumplir con las condiciones laborales y mejoras de las mismas y limitar el beneficio de las empresas, cumplimiento de la ley de prevención de riesgos y la evaluación del servicio con la participación de las trabajadoras.

A nuestro entender, y aunque parezca un gran paso, no se ha hecho más que garantizar los derechos laborales que tenemos las trabajadoras, y por lo tanto cumplir con parte de su responsabilidad como institución titular. No obstante, las mociones aprobadas en los plenos no son de obligado cumplimiento y estaremos satisfechas cuando sean efectivas.

Además, cabe recordar que llevamos más de 5 años con congelación salarial y que la patronal, gestora de este servicio de titularidad y financiación pública, presentó una propuesta con aspectos regresivos como la anualización de la jornada y subidas salariales sustancialmente inferiores al IPC.

Esta situación nos obliga a continuar con las movilizaciones y las huelgas parciales. Queda mucho por hacer y avanzar, por ello, continuaremos realizando paros y movilizaciones, acudiendo municipio a municipio.

Denuncian a Lanbide por implantación del Sistema de “huella digital”

Este martes 22 de mayo frente a la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao (Gran Vía 85) personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) han presentado una denuncia ante la Agencia Vasca de Protección de Datos por la puesta en marcha de la “Huella Digital” en las oficinas de Lanbide.

NOTA DE PRENSA

Estas personas manifiestan de forma pública su firme rechazo a esta ilegal recogida de identificaciones biométricas: los 10 dedos de ambas manos y una foto telemática del rostro. Por lo cual han solicitado la intervención de la Agencia de Protección de Datos.

En la medida que este viernes es de obligado cumplimiento la directiva europea (Reglamento General de Protección de Datos), que es mucho más restrictiva en cuanto al uso, gestión y recogida de datos personales. Este precepto de la UE señala que “para que se pueda considerar que el consentimiento es voluntario, negarse no puede tener ninguna repercusión negativa, ni mayores dificultades burocráticas para el acceso o ejercicio de derechos”.

Hay que tener en cuenta que desde el 19 de marzo se ha habilitado una sala donde recogen los datos biométricos de cada una de las personas usuarias de las 5 oficinas piloto en Bizkaia: Portugalete, Sestao, Barakaldo Gurutzeta/Cruces; Mazarredo y Txurdinaga en Bilbao. Para lo que se ha contratado a una persona para cada una de estas oficinas, la cual es la encargada de esta gestión.

En concreto, se están viendo afectadas en Bizkaia cerca de 14.000 personas usuarias, de ellas 6.500 son perceptoras de la RGI.

La intención que tiene Lanbide es que cualquier persona que se acerque a realizar algún tipo de gestión: sellar el paro, informarse sobre cursillos de formación o gestiones relacionadas con la RGI. Se las derivará al cuarto habilitado para la recogida invasiva de los datos biométricos de las personas desempleadas, pensionistas o con empleos precarios que utilicen sus servicios.

Ante la intención de criminalizar a los municipios y barrios con mayor desempleo. En la medida que la implantación de la “Huella Digital” es totalmente irregular y no ajustada a derecho. Se ha realizado una denuncia ante la Agencia de Protección de datos. Fundamentada en los siguientes motivos:

- Obligatoriedad de análisis de riesgo y evaluación del impacto sobre el derecho fundamental

La Unión Europea exige en su artículo 90 del Reglamento 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales. Que se lleve a cabo, antes de la implantación de la recogida masiva de datos biométricos, una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales con el fin de valorar la particularidad grave y probabilidad del alto riesgo de la utilización de estos datos. Análisis y evaluación que no ha sido realizada por Lanbide.

- Principio general: prohibición de utilización de datos biométricos

La Unión Europea establece como principio general la prohibición del tratamiento de datos biométricos. Por otro lado, advierte de los riesgos que conlleva la utilización de datos biométricos para grandes bases de datos centralizadas, dadas las consecuencias potencialmente prejudiciales para las personas afectadas, tanto en el caso de desvío como de violación de los datos o la privacidad.

- Importante impacto en la dignidad humana

En su Dictamen 3/2012, la Unión Europea alerta sobre el importante impacto en la dignidad humana de las personas a las que se les aplica sistemas de identificación biométricos y las implicaciones en cuestión de derechos fundamentales.

En esta línea, la Agencia Vasca de Protección de Datos, por voz de su directora Margarita Uria, ya ha manifestado ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco que “el uso de la biometría puede conllevar un mayor impacto sobre la dignidad, la desprotección de la intimidad y la privacidad de personas vulnerables”.

- No hay consentimiento libre

Cabe destacar, que el artículo 43 del Reglamento de la UE señala expresamente que “en un caso concreto en el que exista un desequilibrio claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, en particular cuando dicho responsable sea una autoridad pública. Es improbable que el consentimiento se haya dado libremente en todas las circunstancias de dicha situación”. Circunstancias que se dan de facto en las oficinas de Lanbide sobre las personas usuarias.

Baste como ejemplo el documento para la “AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR DATOS EN FICHEROS PÚBLICOS” que Lanbide obliga afirmar a las personas solicitantes de RGI/PCV. Donde no se explica que es una facultad de la persona usuaria; ni se informa sobre que puede ser revocado; o la manera de hacerlo.

Documento que finaliza, además, con una cláusula extensiva contraria a derecho ya que la persona usuaria y sus familiares prestarían su consentimiento para “cualquier otro dato de carácter personal que sea necesario para la finalidad mencionada”. Por otro lado, no se permite autorizar por separado las distintas operaciones de tratamiento de datos personales, ni que cada persona preste su consentimiento para unos documentos pero no para otros.

Todas estas circunstancias ejemplifican las continuas malas prácticas que se producen a diario en las oficinas de Lanbide; donde el consentimiento que se exige es totalmente ilegal. Siendo prueba de que no existe ninguna “voluntariedad” ni relación de horizontalidad a la hora de relacionarse con Lanbide.

Colectivos sociales de Bizkaia:

Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras del Hogar de  Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Oficina de Derechos Sociales de Portugalete, Posada de los Abrazos, Punto de Información de Santurtzi, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.

Lanbide suspende la RGI a víctima de violencia machista con 2 hijos de 1 y 9 años

Con una concentración ante las oficinas de Lanbide, en el barrio barakaldés de Beurko, organizada por Argitan (Centro Asesor de las Mujeres de Barakaldo) y Berri-Otxoak (Plataforma con la exclusión social y por los derechos sociales), han querido denunciar la suspensión de la RGI realizada por Lanbide a I. T., mujer de 33 años, víctima de violencia de género y con dos menores a cargo.

En concreto, esta mujer tiene suspendida la RGI por un periodo de un año. Según Lanbide, esta suspensión caduca el 2 de mayo; aunque está sin percibir la RGI desde marzo de 2.017.

Además, cabe destacar que el Defensor del Pueblo vuelve a reprochar a Lanbide el suspender la RGI a una mujer con 2 menores a cargo; la cual, además, tiene orden de alejamiento de su ex-marido al sufrir malos tratos por parte de éste. Estos hechos también han motivado que presente una denuncia contra Lanbide ante el Contencioso Administrativo, demanda que ha sido admitida a trámite.

En reciente resolución, el Ararteko critica la vulneración de derechos que ha sufrido esta mujer. En concreto, señala que se infringe “el principio de proporcionalidad, artículo 4 Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público”. Además, recalca que “tanto la normativa relativa a la RGI como los Criterios de Lanbide en materia de RGI de mayo de 2017 establecen un régimen más flexible, comprendiendo la gravedad de la situación, para las víctimas de violencia de género”

Textualmente, dice: "El Ararteko quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la queja afecta a una mujer víctima de violencia de género que tiene a dos menores a su cargo, de nueve años y de un año. La existencia de una credencial de víctima protegida con una orden de alejamiento durante 20 meses, esto es, con la duración que Lanbide está valorando como periodo en el que ha perdido los requisitos, es un dato transcendental para valorar las decisiones que se han adoptado en el presente expediente. En este sentido, debe ponderarse las circunstancias relativas a la condena penal al marido por amenazas y la existencia de una orden de alejamiento”.

Hay que recordar que este recorte en sus derechos lo sufre una mujer con 2 hijos menores a cargo, lo cual también es motivo de reproche por parte del Arateko. En múltiples resoluciones le ha hecho saber a Lanbide que “el interés superior del menor es un imperativo legal que debe tenerse en cuenta en las decisiones de las administraciones públicas. Esta posición se ha confirmado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Desde esta institución, queremos hacer hincapié en que se trata de una Ley Orgánica con una naturaleza, por tanto, especial en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico. Por todo ello, el interés superior del menor ha de ser considerado como derecho sustantivo, principio jurídico y norma de procedimiento por parte de Lanbide”. 

Literalmente, el Ararteko incide en que: “en las decisiones relativas a las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos, cuando hay un niño o niña en la unidad de convivencia, se evalúe el interés superior del menor y este interés constituya la consideración primordial”. Es más, “que cuando en un procedimiento se concluya que para salvaguardar el interés superior del menor debe mantenerse el derecho a la RGI”.

Ante estos dictámenes y resoluciones exigimos que Lanbide restituya la RGI a I. T. y archive los procedimientos sancionadores contra ella.

Cadena humana de las Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Bizkaia en lucha por un servicio de calidad y condiciones laborales dignas

Esta mañana las trabajadoras del sector de Servicio de Ayuda A Domicilio (SAD)  de Bizkaia, junto con los sindicatos ELA, LAB y UGT han dado continuidad a las movilizaciones con nuevos paros en Bilbao.  En esta ocasión han hecho un paro de 3 horas, en donde  han realizado una cadena humana desde Astertzen, situada en calle Simón Bolívar, hasta Aurrerantz, en la calle Padre Lojendio, para exigir a las patronales el desbloqueo de la mesa de negociación.

Los próximo días 17 de abril y 26 de abril realizarán jornadas de paro de tres horas cada una,  con concentraciones frente al Ayuntamiento de Getxo y Portugalete, respectivamente. 

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es un sector que esta subcontratado por ayuntamiento y mancomunidades a empresas privadas.  Es un sector dedicado a los cuidados, en donde la gran mayoría de las personas que trabajan son mujeres.  Según los sindicatos las trabajadoras llevan cinco años con el salario congelado y  se ha reducido el 30% de las horas de servicio, poniendo en grave situación a los usuarios que reciben el servicio, además de la pérdida de empleo que ello está suponiendo. 

Las trabajadoras del SAD reclaman a los ayuntamientos y mancomunidades, como  responsables directos de la subcontratación del servicio,  intervenir y exigir a las empresas adjudicatarias a negociar unas condiciones que garanticen un servicio de calidad y con unas condiciones laborales dignas.

Cadena humana de las trabajadoras del SAD en defensa de sus condiciones laborales

En manifestación convocada por los sindicatos ELA-LAB-UGT y USO, han unido el Ayuntamiento de Bilbao con la Diputación Foral de Bizkaia en defensa de sus condiciones de trabajo. Bajo el lema, “Garantía de empleo y calidad del servicio en el SAD”, las trabajadoras han tomado las calles de Bilbao para exigir un cambio radical en la gestión del servicio.

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia han llevado a cabo su sexta jornada de huelga. 

Cabe recordar que se trata de un sector compuesto mayoritariamente por mujeres. Trabajadoras que llevan desde el 2016 con un convenio sin renovar. Además, la precariedad que sufren en sus puestos de trabajo se ha visto más afectada aún: pérdida de horas de servicio, incremento de las jornadas a tiempo parcial, cargas de trabajo y hasta licitaciones de los servicios en los diferentes municipios que se han convertido en “subastas”.

Por todo ello, los sindicatos ELA-LAB-UGT-USO y las trabajadoras del sector continuarán con su calendario de movilizaciones. (Fuente: ELA Sindikatua)