Exigen a Diputación Foral de Bizkaia acabar relaciones empresariales con Israel

Colectivos integrantes y/o simpatizantes de la campaña de Boikot a Israel BDS Bizkaia BDZ, han continuado con la serie de acciones de apoyo al pueblo palestino programadas durante esta semana, realizando una concentración frente al Palacio Foral en Bilbao, para hacer entrega al Diputado General, Unai Rementería, una carta en la que se le solicita que finalicen el convenio firmado recientemente entre la Diputación Foral de Bizkaia y la empresa israelí SOSA.

COMUNICADO

El pasado 15 de mayo, el pueblo palestino conmemoró el 70 aniversario de la Nakba, el desastre en árabe, con el que se señala el comienzo de las políticas de ocupación, colonización y limpieza étnica por parte del Estado de Israel. Un proceso que continúa hoy en día, en lo que se conoce como la Nakba contínua. A lo largo de siete décadas el Estado de Israel sigue perpetuando su sistema de colonización a través de la expulsión y el desplazamiento forzado de población palestina; la ocupación de territorios; la construcción de muros, la prohibición del retorno de los más de 5 millones de refugiadas y refugiados; el asedio de Gaza; y una criminal represión frente cualquier forma de resistencia por parte del pueblo palestino.

Desde el 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, y durante las seis semanas de movilizaciones populares enmarcadas dentro de la conocida como Marcha del Retorno, que culminaron con la conmemoración del 70 aniversario de la Nakba, el ejército israelí ha asesinado a 112 palestinos y palestinas, incluyendo 13 menores; y herido a más de 13.000 personas solo en la franja de Gaza.

La colonización israelí y las continuas violaciones a los derechos del pueblo palestino no se podrían mantener sin la complicidad de las grandes potencias y empresas internacionales que le brindan una gran impunidad. Las instituciones vascas no son una excepción ya que promueven e impulsan activamente la colaboración y la naturalización de relaciones con el Estado sionista. Algo que no es de extrañar dada la colaboración de instituciones como la Diputación de Bizkaia o el Gobierno Vasco con potencias como EEUU, Arabía Saudí, Turquía e Israel, permitiendo que éstas, o sus aliadas, utilicen los puertos vascos para el transporte de armas que se emplean para asesinar, entre otros, al pueblo yemení, al kurdo o al sirio.

Es por eso que, ante esta nueva masacre, que se suman a las continuas violaciones de derechos humanos de la población palestina por parte del Estado de Israel llamamos a la solidaridad con la lucha del pueblo palestino por su liberación y a la participación en las iniciativas de boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel. Así mismo, emplazamos a las instituciones a que acaben con cualquier tipo de complicidad con las políticas de colonización, apartheid y limpieza étnica llevadas a cabo por el Estado de Israel y que utilicen los mecanismos y foros a su disposición para defender los derechos del pueblo palestino.

En concreto, nos dirigimos a la Diputación Foral de Bizkaia. Demandamos la anulación del convenio suscrito con la aceleradora de startups israelí SOSA, con el que se pretende reforzar la conexión de las empresas emergentes vizcaínas con el tejido empresarial israelí. Este es un nuevo gesto de colaboración y normalización de las relaciones por parte de instituciones vascas con el Estado de Israel. Por lo tanto, exigimos la suspensión de toda cooperación tanto empresarial como institucional con el estado genocida sionista.

VIVA EL PUEBLO PALESTINO. BOICOT ISRAEL!

ADHESIONES: Komite Internazionalistak, Askapena, Asociación Palestina Biladi, Mundubat, Paz con Dignidad, SODePAZ, Paz y Solidaridad, IPES, Lumaltik, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Bilboko Bilgune Feminista, EHko Emakumeen Mundu Martxa, Asociación Baskale, Sare Antifaxista, Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba, Bizilur, ELA, LAB Bilbo, STEILAS, ESK, EHNE, CCOO Euskadi, Ernai, Gazte Kounistak, Sortu Bilbo, Alternatiba, Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU, PCE-EPK.  

Pamplona acogerá el 2 de junio la tercera edición de “Alternatiben Herria”

Alternatiben Herria o el “Pueblo de las Alternativas”, es un iniciativa organizada por personas y colectivos que, bajo el lema “Una vida soberana con todo derecho”, trabajan para conseguir un nuevo modelo de sociedad. Esta iniciativa pretende ser motivo de celebración y reflexión en la fiesta que se celebrará en Pamplona el 2 de junio durante todo el día. Es una iniciativa social sin ánimo de lucro. Dado su carácter abierto, cualquier persona o grupo que comparta su objetivo puede unirse a ella en cualquier momento del proceso. Esta iniciativa busca ser plural y abarcar el mayor número de alternativas posibles de Navarra.

Queremos abordar un nuevo modelo social que ponga el foco de atención en las necesidades de las personas. Y para ello, queremos mostrar y debatir diferentes alternativas a lo largo del día. Para reflexionar en torno a esas alternativas se organizarán charlas y reuniones en las que se tratarán los temas recogidos en el programa, referentes a cuestiones sociales, energéticas, alimentarias, feministas, lingüísticas, económicas y políticas.

Quiénes somos

Se trata de un proceso abierto y variable, y por tanto, lo conforman más de 40 agentes de Navarra que ya se han sumado al proyecto o se sumarán en el futuro, y cualquier persona que se acerque a título individual. El grupo lo componen personas que, dependiendo del nivel de compromiso de cada uno, se implican solo en algunas fases del proceso o en la totalidad del mismo. Por eso mismo decimos que es plural y rico.

Desarrollo

En la primavera de 2016 nos embarcamos en esta iniciativa denominada El Pueblo de las Alternativas, un proceso participativo y horizontal. En este proceso, el euskera será prioritario en todo tipo de reuniones, mensajes, actas, convocatorias y medios de comunicación, y se garantizará el bilingüismo para favorecer la comprensión de las personas que no sepan euskera. De aquí a junio seguiremos trabajando para cuidar el proceso, pues consideramos que la manera de organizar la actividad es tan importante como la propia actividad. Estos son los elementos a los que se presta atención: confianza, transparencia, horizontalidad, respeto por los espacios de decisión, cuidado, equilibrio entre el proceso y el día de celebración y disfrute. Este recorrido hará un parada en un día de celebración y reivindicación en el que saldrán a la calle infinidad de grandes y pequeñas propuestas que nos mantienen vivos cada día.

Fecha de celebración

El resultado más visible de todo este trabajo será la celebración del 2 de junio en Pamplona, en un día en el que tendrán cabida la exposición, la reflexión y el espacio festivo. Ese día llenaremos las calles y las plazas de Pamplona, ya que tendrá lugar la tercera convocatoria del Pueblo de las Alternativas.

Origen

En 2013, cuando se iba a celebrar la cumbre climática de Paris, la Carta Social de Euskal Herria hizo un llamamiento para la constitución de 10, 100, 1000 Pueblos de las Alternativas. Desde entonces, diversos agentes seguimos trabajando para posibilitar, cada dos años, que las alternativas que se organizan puedan presentarse, debatirse y ponerse en marcha, al margen de un modelo patriarcal y capitalista y ofreciendo alternativas reales. La primera convocatoria tuvo lugar en Bayona, la segunda en Bilbao, y hemos decidido celebrar la tercera en Pamplona.

A quién se dirige

A cualquier persona que vea la necesidad de cambiar el modelo de sociedad y que con ese objetivo quiera conocer las propuestas de los agentes participantes. Ya que la iniciativa se está trabajando y desarrollando en Pamplona, nos dirigiremos a la ciudadanía pamplonesa en particular. Pero la invitación se extenderá a todos pueblos y ciudades de alrededor, y pondremos todos los medios que sean posibles para que puedan venir a Pamplona. Al mismo tiempo, mediante la Carta Social y los agentes participantes, difundiremos la convocatoria para conseguir la mayor repercusión posible. Por lo tanto, la convocatoria del Pueblo de las Alternativas de Pamplona abrirá sus puertas a todas aquellas personas que quieran ver, escuchar y sentir a las alternativas de los pueblos.

Objetivos de la iniciativa

- Difundir que el pueblo tiene alternativas, y empezar a concretar un nuevo modelo social.

- Avanzar en el tejido de redes del Movimiento Social

- Subrayar la necesidad de activar y movilizar a la sociedad para conseguir una transición social y ecológica, e invitar a hacerlo.

- Favorecer la colaboración entre todas esas alternativas una vez terminada la convocatoria del Pueblo de las Alternativas.

Principales líneas de actuación

Hemos definido seis ejes principales a la hora de trabajar las alternativas. Puesto que esos ejes se mostrarán en el amplio programa de un día, en el centro de Pamplona, se trabajarán a modo de espacios temáticos, y los llamaremos “barrios”:

- AuzoEKOnomia

- Los pueblos y la tierra

- Vidas diversas y dignas

- Bienes comunes (patrimonio lingüístico, educativo y cultural)

- Participación, democracia y soberanía

- República infantil

Más información en AlternatibenHerria.eus

Envían carta al Parlamento Vasco "Por una Euskadi sin pobreza ni exclusión"

Decenas de integrantes de organizaciones, colectivos, redes y sindicatos se han concentrado este miércoles 21 de marzo frente a la sede del Gobierno Vasco en Bilbao (Gran Vía 85) para hacer entrega una carta a través del registro, al Lehendakari Iñigo Urkullu lehendakari, a Beatriz Artolazabal Sailburua, a los Grupos Parlamentarios del PNV, EH Bildu, Elkarrekin-Podemos, PSE y PP, para mostrar su preocupación ante el proceso de reforma de la “Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social”

CARTA

Los grandes retos de las sociedades actuales tienen que ver, fundamentalmente, con el modelo de sociedad que queremos a futuro. Un elemento clave para la construcción de nuestro modelo de sociedad será el sistema de protección social que adoptemos. El nivel de inversión que hagamos determinará que seamos una sociedad cohesionada, con altos niveles de bienestar para toda la ciudadanía o, por el contrario, una sociedad fracturada, donde algunas personas tengan unos niveles elevados de calidad de vida (aquellas que puedan pagárselo), y la gran mayoría sobreviva en condiciones de vida no dignas. 

Ya hace algunas décadas la sociedad vasca abordó la cuestión de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.  Se aprobó entonces una ley que tenía dos grandes objetivos: garantizar unos ingresos mínimos a las personas en situación de pobreza y favorecer su inclusión social, contribuyendo de esta manera a que Euskadi sea una sociedad cohesionada. 

Estos dos grandes objetivos deben ser consolidados en la reforma que se está diseñando. Hoy, la sociedad vasca necesita una ley que:

- Acabe con la pobreza, garantizando ingresos suficientes para una vida digna e inclusiva. 

- Acabe con la exclusión social: Articulando mecanismos para la inclusión social de todas las personas

ACABAR CON LA POBREZA: 

Según la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2016” del Gobierno Vasco, hay 60.000 personas que, estando en riesgo de pobreza no perciben la RGI; y otras 63.000 personas que, percibiéndola, no consiguen salir de la pobreza.

Uno de los objetivos de la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos debería ser dar la vuelta a esta situación: lograr que ninguna persona en riesgo de pobreza se quede sin acceder a la RGI y que ninguna persona perceptora de RGI siga siendo pobre.

ACABAR CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL:

Otro de los objetivos de la Reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social tiene que ser garantizar la inclusión social efectiva a todas las personas, al margen de que tengan o no un empleo. Hoy día la mala situación del mercado laboral es tal, que el 12% de la población está en desempleo. Por otro lado, el 20% de las personas perceptoras de la RGI está trabajando, pero en condiciones tan precarias, que se evidencia que el empleo ya no garantiza salir de la pobreza. La inclusión social tiene que ser, por tanto, un derecho reconocido en esta ley. 

Apostamos en definitiva por una reforma de Ley que suponga atender a un mayor número de personas con unas prestaciones que posibiliten llevar a cabo un proyecto de vida libre y autónoma, y que establezca un sistema de gestión ágil, transparente y garantista.

Por este motivo, pedimos a su Gobierno, también a los grupos que componen el Parlamento Vasco, que ésta sea la reflexión que guíe la próxima reforma de Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. 

Porque es posible y porque lo necesitamos, deseamos una Euskadi sin pobreza y sin exclusión. 

Por si usted lo considera oportuno, le ofrecemos dos personas de contacto, que quedan a la espera de sus noticias.  

ENTIDADES FIRMANTES/ ERAKUNDE SINATZAILEAK

Adiskidituak

Afectadxs por Lanbide

Agiantza Elkartea

Agifes

Agintzari

AHT Gelditu Elkarlana

Aloban

Alkar Biziz SLU

AmiArte

Arabako Pentsionistak Lanean

Argilan – ESK

Argitan 

ASADE (sindicato profesional de ayuda a domiciliaria)

Asociación Bidesari

Asociación Comunidades de Itaka - Fraternidad Escolapia

Asociación cultural deportiva Radix2

Asociación de apoyo al proyecto Fiare

Asociación de jubilados y pensionistas por la Democracia-DEPE

Asociación de Mujeres por la Igualdad

Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia

Asociación Erroak

Asociación Goiztiri

Asociación Hogar Alavés

Asociación Kidenda

Asociación ONG para la Educación y la Cultura

Baietz Basauri!

Beraiki 99

Berezi 99

Berjantzi S. Coop.

Berri – Otxoak

Bidegintza Coop.

Bilgune Feminista

Bizilur - Asociación para la Cooperación y el Desarrollo de los Pueblos

Bizitegi

Bizkaisida

Brujas y diversas

Butroi Bizirik en Transición

Caritas Bizkaia

Caritas de Bidasoaldea y Altza

CCOO de Euskadi

CEAR – Euskadi

CGT 

Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi

CNT

Danok Lan

Desazkundea

Duintasuna Elkarteak

EAPN Euskadi

Economistas sin Fronteras Euskadi

Educadores de calle Campillo

Eguzki

Ekain Sarea

Ekoizan, S.L

Ekologistak Martxan

Ekorropa S. Coop.

Elkarbanatuz

Elkartzen

Emaus Bilbao Soc. Coop. IS

Erletxea (Oficina de informacion y agitacion social Irun-Bidasoa)

ESK

Eureka Soluciones Adaptadas, S. Coop

Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao

Fundación Adsis

Fundación Aldauri

Fundación Beti Gizartean

Fundación Ede

Fundación Etorkintza

Fundación Fondo Formación

Fundación Gizakia

Fundación Lagungo

Fundación Lagung

Fundación Secretariado Gitano

Gaztaroa Sartu

GEPE, Asociación de jubiladxs y pensionistas

Gizatea 

Goilurra

GOT, Grupo Oarso Taldea

Hala Bedi Irradia

Harresiak Apurtuz

Hazlan Irán

Hermandad Obrera de Acción Católica

Hirekin

Hurkoa Fundazioa

Ikatzbizi, SL 

INCYDE – Iniciativas de Cooperación y Desarrollo

Itaka-Escolapios

Iturritek, S.L

Izangai Elkartea

Izarza, S.L

Kakitzat Koordinadora Antimilitarista

Keima Animazioa, S.L

Komite Internazionalistak

Koopera Ambiente S. Coop.

Koopera Serv. Ambientales S. Coop.

Koopera Servicios Sociales y Formación S. Coop. (Lanberri)

Koordinadora de grupos de BLVSFZ

Korrikaprekarioa Donostiako Lantaldea

KPR Consulting S. Coop.

LAB

Laiatzen, S.L

Lapiko catering

MDMA Lesbiana Taldetik

Médicos del Mundo

Mugarik Gabe

Mujeres del Mundo - Munduko emakumeak

No + precariedad

Olatukoop

Oldberri S. Coop.

Ongi Etorri Errefuxiatuak

Osalde – Asociación por el Derecho a la Salud

PAH Bizkaia – Kaleratzerik ez!

Pastoral Obrera - Lan Mundua

Pentsionistak Martxan Bizkaia

Peñascal S. Coop

Plataforma contra la criminalización y la ley mordaza

Plataforma contra la Incineradora 

Posada de los Abrazos/Besarkatuz

Reciclanet

Reas Euskadi

Red de Decrecimiento y Buen Vivir

Red Social Koopera

Sartu Álava

Sartu Taldea

Satorralaia

Servicios de Hostelería Peñascal, S:L

Setem Hego Haizea

SODePAZ

Sare Lesbianista Taldeak

Socaire

Sortarazi

SOS Racismo

SOS Desamparo 

STEILAS

STOP desahucios Gipuzkoa

Suspergintza

Suspertu

Tinko Garbiketak, SL

UGT Euskadi

USO

Vamos Gipuzkoa

Zabaltzen Sartu

Zaintzalan S. Coop.

Zero pobrezia Donosita

Zubietxe

Zurtek, S.L

15M Bizkaia

Herriok Erabaki, Ez OMC. Los pueblos deciden, No a la OMC

Decenas de personas se han movilizado la tarde de este lunes 11 de diciembre frente a la Plaza del Teatro Arriaga en Bilbao (Euskal Herria), bajo el lema “Herriok Erabaki, Ez OMC. Los pueblos deciden, No a la OMC” y convocadas por la Campaña TTIP-CETA-TISA y Carta por los Derechos Sociales de Euskal Herria para denunciar que la agenda del capital en favor de la liberalización de los flujos de comercio e inversión globales sigue inexorable su curso: la Organización Mundial de Comercio (OMC) se reunirá del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires, en un intento por reflotar este instrumento para la gobernanza neoliberal tras el fracaso continuado de la llamada Ronda de Doha. Se busca así dar un nuevo impulso al viejo sueño de conformación de un gran mercado global desregulado al servicio de las grandes empresas transnacionales, a través de la firma de un acuerdo multilateral que recoja los principales hitos y elementos de la nueva agenda corporativa.

La OMC y la nueva oleada de tratados

Esta nueva intentona por situar a la OMC en el centro de la gobernanza económica neoliberal se enmarca dentro de una ofensiva más amplia con varios frentes complementarios. El más importante de ellos es la nueva oleada de tratados de comercio e inversión, que han subido a la palestra mediática en los últimos años, y que incorporan toda una serie de elementos novedosos, cada cual más lesivo para el interés de las capas populares. Son los llamados tratados de nueva generación.

La Unión Europea, y dentro de la misma el Estado Español de manera destacada, están jugando un papel de vanguardia en esta nueva ofensiva del capital. Así, el pasado 27 de octubre (el mismo día en el que se aprobaba la aplicación del artículo 155 contra el pueblo catalán) el senado español dio luz verde, con los votos de PP y PNV, a la ratificación del tratado CETA, entre la Unión Europea y Canadá. Un tratado-modelo a ojos de la UE, es decir, que recoge los principales dispositivos que se pretenden potenciar en esta nueva fase: eliminación de aranceles, mecanismos de resolución de las disputas entre empresas y estados (los famosos tribunales de arbitraje en los que empresas pueden denunciar a estados), y, sobre todo, la llamada convergencia regulatoria. A través de este mecanismo se pretenden armonizar, mediante la fijación de estándares a la baja, el conjunto de normativas que pudieran afectar a los flujos de comercio e inversión: derechos laborales, medio ambiente, servicios públicos, etc. 

Así, esta armonización a la baja tendría consecuencias inmediatas en nuestras vidas: destrucción de empleo, pérdida de derechos laborales, cuestionamiento de convenios colectivos, privatización de lo común y lo público (sanidad, educación, pensiones), obstáculos a la implementación de políticas dirigidas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, aumento de costes de medicamentos, disminución de los estándares de calidad alimentaria mediante la apertura de puertas a prácticas de procesamiento de alimentos prohibidos en la UE. Y un largo etcétera.

Europa está actualmente negociando tratados de este tipo con otros 25 países y organizaciones regionales, como Japón, Mercosur o la India entre otras. Destacan a este respecto dos acuerdos vitales, tanto por la importancia de sus firmantes a nivel político y económico, como por lo sensible de las materias que abarcan: TTIP y TISA. El primero, a negociar con los Estados Unidos, fue definido como prioridad estratégica de la UE en 2015, pero está en un cajón actualmente por chocar con la agenda reaccionaria de Donald Trump, cuya estrategia definitiva respecto a este tipo de tratados está aún por tomar cuerpo. Aun así, el CETA abre las puertas de la UE a las principales multinacionales estadounidenses, a través de las filiales que gran parte de estas poseen en territorio canadiense. El segundo afecta a la gran tarta de los servicios, que representa casi el 70% de las actividades económicas de nuestra sociedad. Con el TISA el capital global quiere por un lado, que se eliminen las regulaciones que puedan obstaculizar su camino, para dejar el paso aún más libre a las corporaciones proveedoras de servicios transnacionales (importaciones, puertos, operaciones bancarias, movimientos de personas y mano de obra barata) y por otro, que los servicios públicos se abran aún más al mercado.

Esta medida afectaría a ámbitos tan dispares como el comedor de una pequeña escuela gestionado con productos locales, hasta una administración que intentara remunicipalizar su servicio de aguas. En general constituye un ataque de enorme magnitud a la posibilidad de implementar una gestión mínimamente democrática de nuestros bienes y servicios comunes, como el transporte público o la educación, y no digamos a la posibilidad de ampliar la insuficiente oferta de servicios públicos de cuidados, imprescindibles para avanzar en términos de igualdad. Asimismo, la lógica única del máximo beneficio tendrá un fuerte impacto en la protección de las consumidoras de los mismos.

En definitiva, estamos ante una ofensiva que, mediante una ininteligible sopa de letras que se negocia en la opacidad y el oscurantismo más absolutos, pretenden derribar los últimos resquicios del estado del bienestar, reduciendo nuestros derechos a meras mercancías en manos de una minoría. Y es en este marco donde surge la iniciativa de impulsar de nuevo la OMC como espacio de referencia de la agenda corporativa. Las personas y el planeta somos fichas de un tablero global, y la siguiente partida se juega en Argentina.

Buenos Aires: Una cita ineludible para los pueblos

La cumbre de la OMC de diciembre en Buenos Aires ocupa un lugar central en los intentos de consolidación de esta estrategia al servicio de las empresas transnacionales. Se trata de ampliar al espacio multilateral lo que hasta ahora se ha venido desplegando a través de acuerdos bilaterales. Es, por tanto, un salto cualitativo que amenaza nuestros derechos y la soberanía popular, y es fundamental articular una respuesta a la altura de la magnitud del ataque.

Efectivamente, el capitalismo heteropatriarcal, a través de instituciones antidemocráticas como la OMC o el Fondo Monetario Internacional (FMI), operando de tú a tú junto con estos tratados de comercio e inversión, trata de fortalecer las bases de un modelo en el que somos simple mercancía, y una agenda, la de su modo de vida hegemónico. La desregulación de las finanzas, la reducción de nuestros derechos, la militarización, la xenofobia, la mercantilización de todos los aspectos de la vida, hacen peligrar nuestra propia supervivencia como ya peligra la de millones de personas, sumergidas en sus guerras económicas, desplazadas o en exclusión, que directamente “no sirven” desde la óptica del sistema.

En este enloquecido Monopoly aparece una nueva calle en disputa: el comercio electrónico y la posesión de datos. Este es precisamente uno de los objetos de discusión que se priorizarán en la Cumbre de la OMC de diciembre. En Buenos Aires se van a intentar dibujar las líneas maestras de estos nuevos mercados, promoviendo una amplia liberalización de los mismos. Esto afecta a ámbitos tan dispares como la no restricción del movimiento de datos personales y su posesión (para su mercantilización, o para la compra de tierras, por ejemplo), el recorte de libertades en nombre de la seguridad, el expolio del conocimiento o el control de las tecnologías.

En definitiva, la Cumbre de Buenos Aires es un hito central dentro de toda una estrategia para aumentar los espacios de mercantilización de la vida, al servicio de las cuentas de beneficios de unas pocas grandes corporaciones. En un contexto de crisis multidimensional como el que vivimos (alimentaria, de cuidados, económica, medioambiental…), las decisiones que se tomen en esta cumbre sólo agravarán más esta situación, pues supondrán una vuelta de tuerca a un modelo que es precisamente el que nos ha traído hasta aquí.

Hoy, los pueblos debemos de ser determinantes en esta lucha por la vida misma. Saliendo a la calle, fortaleciendo otras formas de vivir basadas en la solidaridad, la igualdad, el cuidado colectivo de la vida, la autogestión y el apoyo mutuo, reforzando los poderes locales y desobedeciendo la lógica criminal de los mercados y de sus cómplices. Para ello tenemos una primera cita con la movilización frente a esta Cumbre de la OMC, también desde Euskal Herria.

Por el derecho a una vivienda digna: No al recorte de las prestaciones sociales

La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria” denuncia en Bilbo ante las oficinas de Alokabide/Visesa en Bizkaia los recortes en el acceso a una vivienda que contempla el borrador de “Decreto de Vivienda” elaborado por el “Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda”, a cargo del PSE.

En esta iniciativa participan personas que se verían afectadas si entran en vigor los recortes recogidos en este borrador de Decreto.

Bajo el pretexto de crear una nueva prestación económica destinada a cubrir las necesidades de vivienda, el Gobierno Vasco esconde una profundización de sus políticas de recortesneoliberales: la eliminación de la Prestación Económica de Vivienda (PCV) gestionada por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide; y las Ayudas de Emergencia Social (AES), tramitadas desde los servicios sociales municipales. Ambas prestaciones destinadas al pago de un alquiler.

En la actualidad 28.079 unidades convivenciales perciben la PCV y otras 7.500 las AES. Este borrador de Decreto provocará que muchas de las personas que en la actualidad cumplen con los requisitos exigidos para acceder a la PCV o las AES pierdan su derecho a reclamar una prestación que facilite su acceso a una vivienda.

Este recorte de derechos es consecuencia directa del endurecimiento de requisitos para acceder a la nueva prestación económica de vivienda. Entre las nuevas exigencias que surgen tanto de la Ley de Vivienda como del borrador de Decreto, se establece una antigüedad mínima de 3 años en el registro de inscripción de Etxebide como demandante de vivienda en régimen de alquiler y demostrar unos ingresos mínimos de 3.000 euros.

Por otro lado, la nueva prestación económica de vivienda deja también sin cobertura a una parte importante de aquellas personas que perciben en Lanbide la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad, para acceder a las Ayudas de Emergencia Social o la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide se exige únicamente una solicitud de inscripción en el registro de Etxebide, sin requisitos de antigüedad ni de ingresos mínimos.

Este recorte efectivo de derechos en el ámbito de las prestaciones sociales empobrecerá aún más a aquellos sectores sociales con menor renta y en situación de mayor vulnerabilidad, dejando desatendidas las necesidades básicas de vivienda de amplios colectivos poblacionales.

Desde la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria llevamos tiempo demandando el reconocimiento efectivo a una vivienda de alquiler social. Toda persona debería tener derecho al uso y disfrute de una vivienda digna, adecuada, segura, cómoda y con servicios esenciales.

Hay que recuperar el valor de uso de la vivienda, situarla bajo lógicas no mercantiles. El problema del acceso a una vivienda no puede ser resuelto atendiendo a la lógica del mercado ni de la especulación. La regulación del mercado de los alquileres, el alquiler social, la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías deben ser acciones prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda y su redistribución.

Ni la Ley de Vivienda aprobada en el Parlamento Vasco con los votos de EH Bildu, PSE y UPyD, ni el actual borrador de decreto elaborado por el PSE garantiza el derecho a una vivienda digna; ni crea alternativas habitacionales suficientes al margen de la lógica del mercado.

Ni esta ley ni el ante-proyecto de decreto representan una respuesta efectiva al problema estructural de acceso a la vivienda ni contribuyen a disminuir las graves situaciones de precariedad habitacional en las que se encuentra buena parte de la población. Es más, los agravará al eliminar determinadas prestaciones sociales y endurecer los requisitos de acceso a la nueva prestación económica de vivienda.

Por todos estos motivos, desde la “Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria” exigimos al Gobierno Vasco y al Departamento de Vivienda que retire el actual borrador de “Decreto de Vivienda”, y renuncie a aprobar ninguna medida que suponga un recorte de los derechos y de las prestaciones sociales.

Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria/Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta

Caravana Abriendo Fronteras por los Derechos Humanos de las Personas Inmigrantes y Refugiadas

Las organizaciones sociales y sindicales que suscribimos la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria queremos mostrar nuestro apoyo a la Caravana Abriendo Fronteras, organizada por la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak-Bizkaia,  que partirá hacia Melilla el 14 de julio a denunciar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos de las personas inmigrantes y refugiadas en la Frontera Sur. Defendemos un modelo de sociedad que ponga en el centro el sostenimiento de la vida y es precisamente la vida lo que se juegan quienes huyen de la guerra y de la miseria. 

Denunciamos que la situación que soportan las personas migradas  y refugiadas son consecuencia de las políticas migratorias asesinas y antisociales que se vienen aplicando y que están dando lugar a un empobrecimiento generalizado de la población y  a una  distribución de la riqueza cada vez más injusta.  Es necesario luchar y defender la extensión de los derechos políticos, civiles y económicos a todas las personas.  

El racismo y la xenofobia que nos quieren inocular los gobiernos se sustentan sobre afirmaciones falsas como “nos quitan el trabajo”, “son delincuentes y terroristas”, “se aprovechan de nuestras ayudas sociales”, “nos invaden”…etc. Estas afirmaciones no tienen en cuenta las formas de neocolonialismo,  modelo actual de dominación de los países enriquecidos sobre los países del Sur Global.  
En la Unión Europea más de 119 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza lo que provoca migraciones internas entre los países miembros.  La precariedad laboral es un elemento fundamental de la competencia entre empresas y países, se da de forma generalizada en sectores como la construcción, transporte, industria cárnica, asistencia social y trabajo doméstico y legaliza la explotación de las migraciones internas entre trabajadores y trabajadoras de la UE. 

La necropolítica es otra de las vías impulsadas por el sistema económico capitalista y patriarcal, que no consiste solo en explotar y expulsar, sino en dejar morir a la gente.  Se trata de verdaderos crímenes internacionales.  Se asesina a líderes y lideresas de los movimientos ecologistas, feministas, LGTBI, campesinos e indígenas por defender su tierra en  contra de los grandes proyectos hidroeléctricos, pero también se elimina a personas que le sobran al sistema capitalista, quienes no puedan consumir o producir estorban y se convierten en desechos humanos (Bauman). 

El sistema capitalista todavía necesita gente y va a seguir contando con mano de obra migrante.  Pero va a ser una mano de obra sin derechos, que trabajará en sectores como la construcción, la hostelería o los cuidados convertida en mano de obra barata y precarizada.  Esta situación provocará una bajada de salarios y condiciones  de trabajo en un proceso - inducido por el capital y los gobiernos cómplices- de enfrentamiento entre la gente explotada y entre la gente pobre; entre nacionales pobres y extranjeros pobres.  Una “guerra” que favorece el capitalismo y sustenta el racismo y la xenofobia.  


Las personas refugiadas y migrantes son un símbolo que expresa y profundiza la guerra entre pobres.  Son muy funcionales al sistema capitalista, convirtiéndose en una de sus reglas de oro: mano de obra, formal o informal, barata y precaria, que formaliza la carrera hacia debajo de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

Todo nuestro desprecio a las instituciones y gobiernos europeos por proteger los derechos del capital y vulnerar los derechos de las personas. Frente a quienes defienden un proyecto neoliberal, patriarcal, militarizado, excluyente y regresivo, nosotras y nosotros defendemos la solidaridad internacionalista, basada en el encuentro de las personas y los pueblos. 

Concentración contra el CETA (Bilbao)

Este viernes 30 de junio frente a la Plaza del Teatro Arriaga de Bilbao, la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria/Eskubide Sozialen Karta junto con la Campaña TTIP/CETA EZ se han concentrado para denunciar la aprobación en el día de ayer de CETA -acuerdo libre comercio entre Canadá y Europa- en el Congreso de los Diputados.

La ratificación del CETA, que ha contado con el voto a favor de los diputados y las diputadas de los grupos Partido Popular, Ciudadanos, Partido Democrático de Catalunya, y Partido Nacionalista Vasco, significa despejar parcialmente el camino de la puesta en marcha de un tratado comercial y de inversión que, en caso de que llegue a entrar en vigor, pondrá en riesgo conquistas sociales y ambientales y supondrá una pérdida de soberanía.

“Hoy pierde la ciudadanía y gana un modelo de globalización que desregula y da más poder a las grandes corporaciones” ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña No al TTIP, CETA, TiSA. “Pero la oposición al CETA está aumentando a ambos lados del Atlántico a medida que la ciudadanía está conociendo detalles del texto y cómo éste afecta a su salud, sus derechos y la protección del medio ambiente”.

Numerosos estudios avalan que estos tratados no mejorarán los niveles de empleo y supondrán graves problemas para las PyMEs, así como impedirán luchar de manera efectiva contra el cambio climático y contra la pérdida de biodiversidad del planeta.

El CETA, además, no incluye un capítulo sobre medidas concretas de apoyo a las PyMEs, a las que el Comité Económico y Social Europeo ven perjudicadas ya que estima que este tipo de acuerdos favorece la expansión de las grandes empresas.

Este acuerdo no prevé sistemas de control y sanción efectiva por el incumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos laborales; los convenios colectivos se verán seriamente perjudicados por los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estados, como de hecho ya ha sucedido en otros acuerdos en vigor; la excelencia que para el mundo agrario supone las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas se verá claramente perjudicada al solo reconocerse el 10% de ellas. (Fuente: NoAlTTIP.org)

¡Por un Sistema Público de Protección Social! ¡No a la Pobreza! ¡No a los Recortes!

La Renta de Garantía de Ingresos es una conquista derivada de la lucha y la movilización social. Sin embargo, el sistema de protección social de la CAPV ha sido sometido en los últimos años a un constante y feroz ataque:

- Desde 2012 ha sufrido un recorte del 7%

- Las condiciones para acceder a estas prestaciones se han endurecido mucho

- Se ha decidido que la subida del 8% del SMI no se aplicará a las ayudas sociales gestionadas por Lanbide (por tanto, tampoco la RGI)

- El 31 de mayo de 2017 el departamento de Empleo y Política Social de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa propuso 15 modificaciones y 5 cambios de norma para reformar la RGI

En esta situación de emergencia social hemos denunciado mediante esta movilización social la involución que sufre el sistema de protección social, y hemos reivindicado un Sistema público de Protección Social. El 1 de abril tomamos las calles de Bilbo, y desde que la consejera Artolazabal hizo pública su propuesta en torno a la RGI, diversos colectivos hemos organizado movilizaciones a lo largo del mes de junio, uniéndonos así al llamamiento de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria.

- Los y las pensionistas denunciaron que la RGI afecta directamente a personas pensionistas y jubiladas. En concreto, 15.076 pensionistas complementan su pensión con la RGI; esto supone el 30% de las personas que perciben esta renta. Mientras que el señor Egibar, portavoz del PNV, justificaba la decisión de desvincular la subida de la RGI del SMI diciendo que era para “no eliminar el estímulo para trabajar”, el colectivo de pensionistas advirtió que ya están fuera del mundo del trabajo y que es difícil garantizar condiciones de vida dignas con las pensiones de miseria que cobran.

- Usuarias y usuarios denunciaron que la propuesta de reforma pretende seguir desmantelando el sistema de protección social, porque éste da cobertura a cada vez menos personas (y la cuantía de las prestaciones es cada vez más reducida). Denunciaron que un amplio sector de la ciudadanía, un sector demasiado grande, carece de recursos para llegar a un nivel mínimo de bienestar, y que estos recortes se justifican mediante una campaña de criminalización. Exactamente, a día de hoy, son 62.924 las personas perceptoras del RGI. Las instituciones y partidos que acuerdan y aplican los recortes sociales quieren acabar con los derechos sociales estigmatizando a diferentes colectivos.

- Los y las jóvenes pusieron de manifiesto que, si se aplicasen en la RGI las propuestas del departamento de Empleo y Políticas Sociales, su posibilidad de desarrollar una vida independiente y autónoma se vería muy limitada. Si se impusiera el límite de una sola RGI por vivienda, ello perjudicaría a la emancipación de los y las jóvenes y pondría en cuestión el derecho a la vivienda. A su vez, advirtieron que mientras la precarización y el empobrecimiento se cronifican, muchos y muchas jóvenes se pueden ver obligados a emigrar en busca de un futuro mejor, lo que implica el riesgo de perder los conocimientos y el talento de toda una generación.

- El movimiento feminista advirtió que en este contexto las mujeres son el sector más afectado: a modo de ejemplo, somos las mujeres quienes tenemos un 30,8% de los empleos parciales. A día de hoy, el 56,75% de las perceptoras del RGI somos mujeres (35.701 mujeres). Por si no bastara el alto nivel de precariedad y desempleo de las mujeres, la brecha salarial y la desvalorización de las profesiones feminizadas, no podemos dejar de lado el trabajo que hacemos gratis. Somos nosotras quienes desempeñamos los trabajos de cuidado que este sistema necesita para funcionar y respondemos a las necesidades básicas para la subsistencia. Por ello, los recortes de prestaciones sociales suponen una pesada carga que se nos echa a la espalda.

- Hoy la mayoría sindical vasca ha denunciado que la RGI se queda aislada de la realidad que vivimos en el mundo del trabajo al desvincular la cuantía de la renta del SMI o el IPC y someterla a los presupuestos, esto es, dejarla a merced de la voluntad de los partidos. La durísima precarización que sufrimos en las condiciones de trabajo ha agudizado la brecha social, y el colectivo de trabajadores y trabajadoras pobres es cada vez más grande. En concreto, 12.321 personas que trabajan cobran la RGI: un 20% del total.

Las lecturas hechas desde cada sector dan como resultado una foto muy completa de una cruda realidad. ¡La pobreza no es una consecuencia natural de la crisis! El deterioro de las condiciones de trabajo y el desmantelamiento de los servicios públicos responden a la lógica y los objetivos de las políticas neoliberales. 

La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria reivindica que las prioridades de las iniciativas políticas, económicas e institucionales deben cambiar; hay que situar en primer plano a las personas y sus intereses, por encima de los intereses de los mercados, y dar más importancia al derecho al trabajo, no a los intereses del capital. Es inaceptable que el fin último de cualquier actividad económica sea el empobrecimiento general, mientras unas pocas personas se enriquecen. Es posible, y necesario, cambiar las políticas que agravan el desempleo, la precariedad, la pobreza y las desigualdades sociales. Hay que cambiar la situación de raíz, y tenemos una alternativa: Un sistema público y propio de Protección Social, digno y de calidad.

Por ello, planteamos al Gobierno Vasco y a todas las fuerzas políticas que componen el Parlamento de Gasteiz las siguientes reivindicaciones, con el fin de que se desarrollen desde la competencia de cada cual:

     

1. Eliminación de todo recorte que agudice las desigualdades sociales.

2. Mejora de las prestaciones sociales con el fin de responder al aumento del desempleo y de la pobreza.

3. Que la consejera Artolazabal retire las propuestas de reforma de la RGI y se modifique la ley de prestaciones sociales de manera que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza.

4. Para ello hay que permitir la participación democrática de ciudadanía, agentes sociales y sindicatos en el diseño, toma de decisión y control de las políticas.

A la vista de la grave situación social, dado que la consejera de Empleo y Políticas Sociales ha presentado una propuesta de reforma de las prestaciones sociales por Lanbide, exigimos una respuesta o una fecha para reunirnos antes de que comience el próximo curso político.  

Vuestros Recortes son Nuestra Carga! Feministas a favor de un Sistema de Seguridad Social, Digno y Público

Recortes, recortes y más recortes.  Esa es la solución que el gobierno vasco ha pensado para las más de 69.000 personas que se encuentran en situación de pobreza en la CAPV. Recortes y más pobreza. 

El pasado 31 de Mayo, los departamentos de  políticas sociales de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa anunciaron las medidas para las reformas  que se aplicarán en el sistema de prestaciones sociales. Entre ellas, siguiendo a la reforma anterior, se blinda cada vez más el acceso a prestaciones sociales modificando las condiciones.  

El ataque contra el sistema de seguridad social en los últimos años ha sido constante: 

- Desde el año 2012, se ha recortado un 7% en presupuestos destinados en materia de ayudas sociales.

- Blindaje de las condiciones para acceder a las prestaciones

- La reciente decisión de no aplicar la subida del 8% del SMI en las prestaciones que gestiona Lanbide. 

Además de todo esto, según hemos sabido recientemente, otro de los puntos de la nueva reforma del RGI será que únicamente se podrá recibir una prestación por domicilio.  Esto aparte de limitar el derecho a la vivienda de las personas  que trabajan en precario, es una clara apuesta por un modelo de familia normativa, dejando de lado  las muchas y diversas unidades de convivencia actuales y reduciendo, claramente, sus oportunidades.  

El pasado 1 de abril miles de ciudadanos salimos a la calle para denunciar estas medidas.  Queremos rechazar los constantes ataques al sistema de seguridad social, así como la campaña de criminalización que el departamento dirigido por Beatriz Artolazabal y los diferentes medios de comunicación.  Así mismo el imponer la huella digital a las personas que reciban prestaciones sociales es inaceptable. 

Los contantes recortes que estamos padeciendo en el ámbito laboral han aumentado la brecha social y el colectivo de personas trabajadoras en situación de pobreza es cada vez mayor.  Muchas personas trabajadoras a través del trabajo no logran los ingresos suficientes y se ven obligadas a  pedir prestaciones sociales para poder garantizar el tener necesidades básicas cubiertas. 

En este contexto, las mujeres somos las más perjudicadas.  Por poner un ejemplo, nosotras somos el 20,8% que tienen un contrato a tiempo parcial.  Y por si fuera poco, el desempleo, la precarización, la brecha salarial, la desvalorización de los trabajados feminizados, no podemos olvidar todos aquellos trabajos que hacemos gratis las mujeres.   Sobre nosotras recaen los trabajos de cuidados que este sistema necesita para producir.  Sobre nosotras recaen los trabajos necesarios para cubrir las necesidades básicas cuando el Estado no asume sus responsabilidades.  Es por ello que todos los recortes que llevan a cabo, suponen una gran carga sobre nuestras espaldas. 

No lo admitimos.  Nos hemos cansado de llevar estas mochilas tan pesadas.  Las medidas de protección social no son un lujo, son nuestros derechos. Somos mujeres trabajadoras a las que trabajo nos sobra pero nos falta empleo digno.  Las políticas antisociales del Gobierno Vasco nos condenan a situaciones de exclusión social.  Pero las feministas bien sabemos que hay alternativas: un sistema de protección social público y de calidad que garantice una vida digna y soberana.

¡Por una vida soberana de pleno derecho!

¡No más recortes! ¡No más pobreza!

¡Gora borroka feminista!