La “Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria” denuncia en Bilbo ante las oficinas de Alokabide/Visesa en Bizkaia los recortes en el acceso a una vivienda que contempla el borrador de “Decreto de Vivienda” elaborado por el “Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda”, a cargo del PSE.
En esta iniciativa participan personas que se verían afectadas si entran en vigor los recortes recogidos en este borrador de Decreto.
Bajo el pretexto de crear una nueva prestación económica destinada a cubrir las necesidades de vivienda, el Gobierno Vasco esconde una profundización de sus políticas de recortesneoliberales: la eliminación de la Prestación Económica de Vivienda (PCV) gestionada por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide; y las Ayudas de Emergencia Social (AES), tramitadas desde los servicios sociales municipales. Ambas prestaciones destinadas al pago de un alquiler.
En la actualidad 28.079 unidades convivenciales perciben la PCV y otras 7.500 las AES. Este borrador de Decreto provocará que muchas de las personas que en la actualidad cumplen con los requisitos exigidos para acceder a la PCV o las AES pierdan su derecho a reclamar una prestación que facilite su acceso a una vivienda.
Este recorte de derechos es consecuencia directa del endurecimiento de requisitos para acceder a la nueva prestación económica de vivienda. Entre las nuevas exigencias que surgen tanto de la Ley de Vivienda como del borrador de Decreto, se establece una antigüedad mínima de 3 años en el registro de inscripción de Etxebide como demandante de vivienda en régimen de alquiler y demostrar unos ingresos mínimos de 3.000 euros.
Por otro lado, la nueva prestación económica de vivienda deja también sin cobertura a una parte importante de aquellas personas que perciben en Lanbide la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo.
Hay que tener en cuenta que en la actualidad, para acceder a las Ayudas de Emergencia Social o la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide se exige únicamente una solicitud de inscripción en el registro de Etxebide, sin requisitos de antigüedad ni de ingresos mínimos.
Este recorte efectivo de derechos en el ámbito de las prestaciones sociales empobrecerá aún más a aquellos sectores sociales con menor renta y en situación de mayor vulnerabilidad, dejando desatendidas las necesidades básicas de vivienda de amplios colectivos poblacionales.
Desde la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria llevamos tiempo demandando el reconocimiento efectivo a una vivienda de alquiler social. Toda persona debería tener derecho al uso y disfrute de una vivienda digna, adecuada, segura, cómoda y con servicios esenciales.
Hay que recuperar el valor de uso de la vivienda, situarla bajo lógicas no mercantiles. El problema del acceso a una vivienda no puede ser resuelto atendiendo a la lógica del mercado ni de la especulación. La regulación del mercado de los alquileres, el alquiler social, la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías deben ser acciones prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda y su redistribución.
Ni la Ley de Vivienda aprobada en el Parlamento Vasco con los votos de EH Bildu, PSE y UPyD, ni el actual borrador de decreto elaborado por el PSE garantiza el derecho a una vivienda digna; ni crea alternativas habitacionales suficientes al margen de la lógica del mercado.
Ni esta ley ni el ante-proyecto de decreto representan una respuesta efectiva al problema estructural de acceso a la vivienda ni contribuyen a disminuir las graves situaciones de precariedad habitacional en las que se encuentra buena parte de la población. Es más, los agravará al eliminar determinadas prestaciones sociales y endurecer los requisitos de acceso a la nueva prestación económica de vivienda.
Por todos estos motivos, desde la “Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria” exigimos al Gobierno Vasco y al Departamento de Vivienda que retire el actual borrador de “Decreto de Vivienda”, y renuncie a aprobar ninguna medida que suponga un recorte de los derechos y de las prestaciones sociales.
