Decenas de personas se han movilizado la tarde de este lunes 11 de diciembre frente a la Plaza del Teatro Arriaga en
Bilbao (Euskal Herria), bajo el lema
“Herriok Erabaki, Ez OMC. Los pueblos deciden, No a la OMC” y convocadas por la
Campaña TTIP-CETA-TISA y Carta por los Derechos Sociales de Euskal Herria para denunciar que la agenda del capital en favor de la liberalización de los flujos de comercio e inversión globales sigue inexorable su curso: la
Organización Mundial de Comercio (OMC) se reunirá del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires, en un intento por reflotar este instrumento para la gobernanza neoliberal tras el fracaso continuado de la llamada Ronda de Doha. Se busca así dar un nuevo impulso al viejo sueño de conformación de un gran mercado global desregulado al servicio de las grandes empresas transnacionales, a través de la firma de un acuerdo multilateral que recoja los principales hitos y elementos de la nueva agenda corporativa.
La OMC y la nueva oleada de tratados
Esta nueva intentona por situar a la OMC en el centro de la gobernanza económica neoliberal se enmarca dentro de una ofensiva más amplia con varios frentes complementarios. El más importante de ellos es la nueva oleada de tratados de comercio e inversión, que han subido a la palestra mediática en los últimos años, y que incorporan toda una serie de elementos novedosos, cada cual más lesivo para el interés de las capas populares. Son los llamados tratados de nueva generación.
La Unión Europea, y dentro de la misma el Estado Español de manera destacada, están jugando un papel de vanguardia en esta nueva ofensiva del capital. Así, el pasado 27 de octubre (el mismo día en el que se aprobaba la aplicación del artículo 155 contra el pueblo catalán) el senado español dio luz verde, con los votos de PP y PNV, a la ratificación del tratado CETA, entre la Unión Europea y Canadá. Un tratado-modelo a ojos de la UE, es decir, que recoge los principales dispositivos que se pretenden potenciar en esta nueva fase: eliminación de aranceles, mecanismos de resolución de las disputas entre empresas y estados (los famosos tribunales de arbitraje en los que empresas pueden denunciar a estados), y, sobre todo, la llamada convergencia regulatoria. A través de este mecanismo se pretenden armonizar, mediante la fijación de estándares a la baja, el conjunto de normativas que pudieran afectar a los flujos de comercio e inversión: derechos laborales, medio ambiente, servicios públicos, etc.
Así, esta armonización a la baja tendría consecuencias inmediatas en nuestras vidas: destrucción de empleo, pérdida de derechos laborales, cuestionamiento de convenios colectivos, privatización de lo común y lo público (sanidad, educación, pensiones), obstáculos a la implementación de políticas dirigidas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, aumento de costes de medicamentos, disminución de los estándares de calidad alimentaria mediante la apertura de puertas a prácticas de procesamiento de alimentos prohibidos en la UE. Y un largo etcétera.
Europa está actualmente negociando tratados de este tipo con otros 25 países y organizaciones regionales, como Japón, Mercosur o la India entre otras. Destacan a este respecto dos acuerdos vitales, tanto por la importancia de sus firmantes a nivel político y económico, como por lo sensible de las materias que abarcan: TTIP y TISA. El primero, a negociar con los Estados Unidos, fue definido como prioridad estratégica de la UE en 2015, pero está en un cajón actualmente por chocar con la agenda reaccionaria de Donald Trump, cuya estrategia definitiva respecto a este tipo de tratados está aún por tomar cuerpo. Aun así, el CETA abre las puertas de la UE a las principales multinacionales estadounidenses, a través de las filiales que gran parte de estas poseen en territorio canadiense. El segundo afecta a la gran tarta de los servicios, que representa casi el 70% de las actividades económicas de nuestra sociedad. Con el TISA el capital global quiere por un lado, que se eliminen las regulaciones que puedan obstaculizar su camino, para dejar el paso aún más libre a las corporaciones proveedoras de servicios transnacionales (importaciones, puertos, operaciones bancarias, movimientos de personas y mano de obra barata) y por otro, que los servicios públicos se abran aún más al mercado.
Esta medida afectaría a ámbitos tan dispares como el comedor de una pequeña escuela gestionado con productos locales, hasta una administración que intentara remunicipalizar su servicio de aguas. En general constituye un ataque de enorme magnitud a la posibilidad de implementar una gestión mínimamente democrática de nuestros bienes y servicios comunes, como el transporte público o la educación, y no digamos a la posibilidad de ampliar la insuficiente oferta de servicios públicos de cuidados, imprescindibles para avanzar en términos de igualdad. Asimismo, la lógica única del máximo beneficio tendrá un fuerte impacto en la protección de las consumidoras de los mismos.
En definitiva, estamos ante una ofensiva que, mediante una ininteligible sopa de letras que se negocia en la opacidad y el oscurantismo más absolutos, pretenden derribar los últimos resquicios del estado del bienestar, reduciendo nuestros derechos a meras mercancías en manos de una minoría. Y es en este marco donde surge la iniciativa de impulsar de nuevo la OMC como espacio de referencia de la agenda corporativa. Las personas y el planeta somos fichas de un tablero global, y la siguiente partida se juega en Argentina.
Buenos Aires: Una cita ineludible para los pueblos
La cumbre de la OMC de diciembre en Buenos Aires ocupa un lugar central en los intentos de consolidación de esta estrategia al servicio de las empresas transnacionales. Se trata de ampliar al espacio multilateral lo que hasta ahora se ha venido desplegando a través de acuerdos bilaterales. Es, por tanto, un salto cualitativo que amenaza nuestros derechos y la soberanía popular, y es fundamental articular una respuesta a la altura de la magnitud del ataque.
Efectivamente, el capitalismo heteropatriarcal, a través de instituciones antidemocráticas como la OMC o el Fondo Monetario Internacional (FMI), operando de tú a tú junto con estos tratados de comercio e inversión, trata de fortalecer las bases de un modelo en el que somos simple mercancía, y una agenda, la de su modo de vida hegemónico. La desregulación de las finanzas, la reducción de nuestros derechos, la militarización, la xenofobia, la mercantilización de todos los aspectos de la vida, hacen peligrar nuestra propia supervivencia como ya peligra la de millones de personas, sumergidas en sus guerras económicas, desplazadas o en exclusión, que directamente “no sirven” desde la óptica del sistema.
En este enloquecido Monopoly aparece una nueva calle en disputa: el comercio electrónico y la posesión de datos. Este es precisamente uno de los objetos de discusión que se priorizarán en la Cumbre de la OMC de diciembre. En Buenos Aires se van a intentar dibujar las líneas maestras de estos nuevos mercados, promoviendo una amplia liberalización de los mismos. Esto afecta a ámbitos tan dispares como la no restricción del movimiento de datos personales y su posesión (para su mercantilización, o para la compra de tierras, por ejemplo), el recorte de libertades en nombre de la seguridad, el expolio del conocimiento o el control de las tecnologías.
En definitiva, la Cumbre de Buenos Aires es un hito central dentro de toda una estrategia para aumentar los espacios de mercantilización de la vida, al servicio de las cuentas de beneficios de unas pocas grandes corporaciones. En un contexto de crisis multidimensional como el que vivimos (alimentaria, de cuidados, económica, medioambiental…), las decisiones que se tomen en esta cumbre sólo agravarán más esta situación, pues supondrán una vuelta de tuerca a un modelo que es precisamente el que nos ha traído hasta aquí.
Hoy, los pueblos debemos de ser determinantes en esta lucha por la vida misma. Saliendo a la calle, fortaleciendo otras formas de vivir basadas en la solidaridad, la igualdad, el cuidado colectivo de la vida, la autogestión y el apoyo mutuo, reforzando los poderes locales y desobedeciendo la lógica criminal de los mercados y de sus cómplices. Para ello tenemos una primera cita con la movilización frente a esta Cumbre de la OMC, también desde Euskal Herria.
